El oro venezolano, que en mucho podría aliviar las dificultades de millones que subsisten bajo condiciones de hambruna, está siendo saqueado a manos llenas por un consorcio controlado por Nicolás Maduro y hombres claves de su régimen, quienes contrabandean cientos de millones de dólares del metal precioso y entregan sólo una minúscula porción a las arcas del Estado. Así lo reseña el periodista Antonio María Delgado para El Nuevo Herald.
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El consorcio cuenta con al menos seis plantas de cianuración, el proceso de extracción del oro del mineral. Las plantas son capaces de procesar cerca de 16 toneladas del oro al año, pero también obliga a los pequeños mineros independientes a venderles la producción bajo amenaza de usar la violencia, arrestos o de interrumpir el suministro de combustible, tácticas que podrían aportarles otras 12 toneladas al año.
Múltiples testimonios confirman que la operación podría estar generando más de 1.500 millones de dólares al año, dependiendo del contenido en oro de las arenas procesadas, en un negocio en el que la familia presidencial emerge como el principal beneficiario.
“Quien está al frente de esa empresa criminal es Maduro”, dijo a el Nuevo Herald Manuel Cristopher Figuera, quien fue director SEBIN bajo el propio Maduro.”Es algo sin precedentes el saqueo que ha hecho la empresa criminal que administra Maduro al frente del estado. Es algo nunca antes visto”, agregó.
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¿Quiénes son los beneficiarios?
Entre los dueños de las distintas compañías que forman parte del consorcio figuran Tareck El Aissami; el hijastro de Maduro, Walter Flores; el comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, y el empresario colombiano Alex Saab. Todos ellos sancionados por EEUU por actos de corrupción, narcotráfico o violaciones a los derechos humanos.
El Complejo Industrial Domingo Sifontes — identificado como la columna vertebral de la operación — es controlado por Eduardo José Rivas, hombre de confianza de la familia presidencial.
Documentos a los que tuvo acceso El Nuevo Herald muestran que El Aissami, sancionado por narcotráfico, es uno de los dueños de Inversiones Glenduard. El también sancionado Benavides Torres tiene participación en Invertrade, mientras que los igualmente sancionados hijos de Cilia Flores, Walter y Yosser, tienen su tajada en Mipre.
En los documentos, Rivas aparece como dueño o presidente en varias de las compañías, incluyendo Glenduard, Invertrade, Mipre y Petroglobal, mientras que Saab figura como el gran financista en varias de las plantas.
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Altos índices de violencia
La violencia en la ciudad minera del Callao, donde está basado el Complejo Industrial Domingo Sifontes, es realmente difícil de creer. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, la localidad registró en el 2018 una tasa de 620 muertes por cada 100,000 habitantes, mientras que el también minero municipio de Roscio, donde se encuentra la localidad de Guasipati, el total se ubicó en 458, y en el municipio Sifontes (Tumeremo) el número fue de 199.
En su informe del 2018, el OVV dijo que esa violencia se debe a la presencia en la zona minera de grupos delictivos, conocidos como “Pranes”, y elementos del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Las fuentes dijeron que los pranes y la guerrilla operan en la zona en colaboración con el régimen, y son quienes mantienen orden en las minas y se cercioran que el complejo sea respetado y obedecido.
