En Nicaragua, una enigmática discrepancia en las cifras de exportación de oro sugiere un escenario que recuerda a la leyenda del rey Midas. A pesar de las estadísticas oficiales, el país exportó más de 4.9 toneladas de oro en 2022, valuadas en más de 288 millones de dólares, que no concuerdan con la producción nacional registrada. Este fenómeno no es nuevo, ya que desde 2009, bajo la administración de Daniel Ortega, se han enviado al mercado internacional 23.9 toneladas de oro que no tienen un origen claro en la producción local. Con información de Artículo 66 y Connectas.
La interrogante central es: ¿De dónde proviene este oro invisible y quién ostenta su propiedad? Algunos expertos sugieren que podría ser resultado de la minería ilegal o incluso importado desde otros países como Colombia o Venezuela, para ser vendido como oro nicaragüense. Esto plantea serias implicaciones, ya que podría violar los términos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).
Nicaragua es vía de escape para el oro que sale ilegal de Venezuela
Un reportaje, realizado por Artículo 66 y CONNECTAS, presenta un análisis que demuestra la discordancia entre los datos oficiales de producción y exportación de oro en Nicaragua. Además, sugiere que el gobierno está respaldando la minería ilegal y la ocupación de tierras indígenas para facilitar la explotación minera. Revela, asimismo, que el oro se ha convertido en el principal rubro de exportación del país, aunque también en un negocio oscuro en el que figuran operadores políticos, empresarios afines al partido de Ortega y sindicalistas mineros, todos ellos vinculados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La discrepancia entre producción y exportación de oro ha ido en aumento con el tiempo, y actualmente el oro ocupa el primer lugar entre los productos exportados por Nicaragua, principalmente hacia Estados Unidos. Algunos sostienen que Nicaragua podría estar “lavando oro” al vender más de lo que produce legalmente, lo que representaría una seria transgresión de las normas del comercio internacional.
Pese a las preguntas que rodean esta inusual situación, las autoridades gubernamentales aún no han proporcionado respuestas claras ni satisfactorias.
