Samark López, empresario y reconocido socio de Tareck El Aissami, ha sido detenido en Venezuela acusado de lavado de dinero y otros ilícitos relacionados con Pdvsa. La operación también incluyó las detenciones de Simón Zerpa, exministro de Finanzas, y el mismo Tareck El Aissami, quien fue ministro de Petróleo. A todos los implicados se les imputan varios delitos, entre ellos traición a la patria y legitimación de capitales. Con información de Armando Info.
En un caso en Portugal, López ha sido implicado por facilitar sobornos del desaparecido Banco Espirito Santo a Rafael Reiter, ex gerente de seguridad de Pdvsa. López estableció una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, utilizada exclusivamente para transferir esos fondos a Reiter, según los fiscales portugueses.
Reiter, por su parte, se encuentra en España donde enfrenta procedimientos legales, incluyendo solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos y Venezuela. Este enfrenta acusaciones por su papel en las operaciones corruptas durante su tiempo en Pdvsa.
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Además de sus problemas legales en Venezuela y Portugal, López ha sido objeto de investigación en Estados Unidos. Allí ha intentado, sin éxito, desafiar las sanciones impuestas contra él, basándose en la Ley de Cabecillas de Narcotráfico de 1999, lo que indica su participación en actividades aún más amplias relacionadas con el narcotráfico.
El Banco Espirito Santo (BES), una de las instituciones financieras más grandes y antiguas de Portugal, comenzó a enfrentar serios problemas de liquidez poco después de la crisis financiera de 2008. A pesar de estas dificultades, el presidente del banco, Ricardo Salgado, buscó soluciones para evitar la inminente bancarrota. En 2008, durante una visita oficial a Caracas con el primer ministro portugués José Socrates, Salgado estableció contactos clave con el gobierno de Hugo Chávez que resultarían cruciales para su estrategia de rescate financiero.
Durante los siguientes años, entidades estatales venezolanas como Pdvsa, el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), el Banco Nacional para el Desarrollo Social (Bandes) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), no solo depositaron grandes sumas de dinero en el BES, sino que también adquirieron deuda emitida por el banco valorada en 3.400 millones de dólares y lo utilizaron como garante en compras internacionales. Esta inyección de capital permitió al BES mantenerse a flote hasta 2014.
Sin embargo, estos acuerdos no se basaban meramente en la calidad de los servicios bancarios del BES, sino en sobornos y comisiones pagadas a funcionarios venezolanos, que sumaron al menos 124 millones de dólares. Para gestionar estos pagos ilícitos, el banco desarrolló un algoritmo que calculaba las comisiones basándose en el volumen de transacciones con las entidades estatales venezolanas, y utilizó un complicado sistema de empresas pantalla establecidas en paraísos fiscales para transferir el dinero sin dejar rastros.
Las revelaciones de los Pandora Papers en 2022 expusieron que muchas de estas empresas eran gestionadas por Paulo Murta y Michael Ostertag, ejecutivos que dirigían una operación de gestión de activos y servicios offshore. Estas compañías, como Safeleader Investments LLC, establecida en las Islas Vírgenes Británicas, canalizaban los fondos hacia los funcionarios venezolanos corruptos, contribuyendo al eventual colapso y la intervención del BES en 2014.
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