Pocos temas ocupan tanto la agenda y los discursos de los políticos en la actualidad, como el de la diáspora. Es comprensible, dadas sus causas, dimensiones e impacto. El hecho de que se le dé una mayor atención no supone que se haga un adecuado tratamiento del tema. Hay quienes miran a los migrantes como “una plaga” a evitar y limitar, estableciendo cuotas, a diferencia de aquellos cuyo propósito es integrar y facilitar la participación de la diáspora en el progreso global.
Algunos discursos políticos solo conocen de la denuncia, restándole así toda la nobleza al ejercicio de la política como hacedora de realidades. Pretenden encasillar un fenómeno tan heterogéneo en categorías simples, insuficientes para albergar tanta diversidad. Las diásporas, víctimas de tragedias humanitarias, como la ocurrida en Venezuela, o consecuencia de desastres naturales, guerras o conflictos religiosos, no son minusválidas, poseen competencias para integrarse al proceso de desarrollo.
La denuncia, al margen de una estrategia constructiva capaz de ofrecer soluciones, puede resultar contraproducente. Denunciar sin proponer denota incapacidad. Para quienes así actúan, la diáspora, más que un amplio campo de trabajo político, es un pretexto. Además, evidencia la ausencia de proyecto y de capacidad para colocar la política al servicio de todos, con el fin de promover desarrollo y calidad de vida. Es una actitud ciega y sorda ante la circularidad del capital humano y el papel que está desempeñando en el proceso de reconstrucción de Venezuela.
Quienes así proceden recriminan mucho a los responsables y hablan poco o nada de la situación de nuestros compatriotas. Guardan un silencio sepulcral en torno a las acciones, medidas y propuestas orientadas a que las localidades y ciudades puedan utilizar las competencias y habilidades de la migración venezolana, es decir, al aprovechamiento del capital humano.
Ha sido éste, precisamente, el trabajo “sotto voce” de los migrantes y sus asociaciones en medio de una sequía de recursos, agravada en este confinamiento, lo que ha permitido configurar la estrategia de gobernanza de la diáspora. Las actuales pandemias y sus secuelas nos recuerdan, con crudeza, que el contexto humano es el de la incertidumbre y el cambio. Este último se produce con gran celeridad y variabilidad y sus efectos inesperados construyen nuevas realidades. Las novedosas situaciones demandan respuestas políticas adecuadas, lo cual plantea una tensión continua entre el corto y el mediano plazo, entre los urgente y lo importante.
Por ello, aferrarse a las supuestas certezas es poco útil. La planificación debe dotarse de una gran flexibilidad para poder ajustar las decisiones a la situación cambiante, ya que los planes no sustituyen la realidad. De hecho, en muy pocas ocasiones la realidad se ajusta al plan, éste sólo reduce la incertidumbre, no la elimina. En la realidad participan millones de actores con los más diversos planes y, como resultado de ello, el tablero se modifica de manera permanente. Para muestra algunos botones: el coronavirus hoy, el ébola y el zika ayer, antes, la burbuja financiera. La forma de gestionarlos puede originar nuevos y mayores problemas o permitir su solución.
Más de 6 millones de venezolanos han emigrado, aproximadamente el 15% de los 40 millones de latinoamericanos en el mundo. Primero hacia USA y Europa y luego, una población cada vez más empobrecida, escogió como destino a los países latinoamericanos. Hablamos de país a sabiendas de que es una referencia muy gruesa, tenía sentido hacerlo cuando carecíamos de información más específica y la poca que había presentaba discrepancias e inconsistencias inexplicables.
Hoy tiene más sentido y pertinencia buscar la información en los espacios a los que llega la migración, localidades y ciudades; más de 300 en todo el orbe, de acuerdo al Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV). Cada una de ellas cuenta con diferentes capacidades institucionales, económicas y con distintos problemas y posibilidades. Por tanto, los efectos de la migración varían de acuerdo a las fortalezas y debilidades de cada localidad, al número y porcentaje de migrantes con respecto a la población nativa, a la infraestructura, la capacidad y los planes de las organizaciones diaspóricas en cada ciudad. En otras palabras, los insumos fundamentales de la citada estrategia.
Ciudades y países se benefician de los efectos positivos de la diáspora, los cuales abarcan todos los ámbitos del quehacer humano: política, economía, sociedad y cultura, contribuyendo de manera decisiva a la reducción de la pobreza global. Tales efectos lo corroboran estudios de la banca privada, organismos multilaterales e investigaciones académicas: la relación entre migración y desarrollo, desmintiendo así los mitos y falacias con los cuales algunos políticos alientan el rechazo al migrante.
Los migrantes, además de llevar consigo competencias, habilidades y experiencia, emprenden, crean riqueza y empleo, consumen, ejercen como trabajadores autónomos y suplen la acuciante escasez de recursos humanos en las ciudades de acogida. La diáspora refresca, amplía y diversifica el mercado laboral y valora mucho las oportunidades de trabajo que se le ofrecen.
Como los nacionales de los países latinoamericanos, en los que el sector informal emplea a más del 60% de los trabajadores y emprendedores, los migrantes tienen menos opciones de emplearse en el sector formal, que es comparativamente más pequeño (estudio informalidad Konrad Adenauer). En lugar de mirar a la informalidad con desdén y generalizaciones simples, hemos insistido mucho en la necesidad de concebirla como un mecanismo importantísimo para crear riqueza y empleo, y de enorme interés para el sector financiero; banca y seguros, etc. Las instituciones financieras se encuentran en la necesidad de adecuarse a esa dinámica realidad. Afortunadamente, Latinoamérica cuenta con muchas experiencias de las cuales aprender. Hasta no hace mucho la PYME enfrentó resistencias similares, que luego dieron paso a la creación de unidades específicas en la banca para atender este segmento de empresas.
El sector informal es parte integral del sector privado, el cual desempeña un papel fundamental que será necesario ampliar y reforzar en la región. Reconocer los efectos positivos de la diáspora, no implica el desconocimiento del gran valor que tiene la inversión hecha por localidades y ciudades para acoger a la diáspora, que han creado mecanismos y normas “ad hoc” para atender el éxodo venezolano. La región se ha convertido en un ejemplo global del cual puede y debe enorgullecerse. Han invertido en vacunas, salud, educación, alimentación, etc. Sobre ese beneficio mutuo se ha construido el eslogan: “LA DIÁSPORA NO ES EL PROBLEMA, ES PARTE DE LA
SOLUCIÓN”.
También las ONG, nacionales e internacionales, han adelantado un intenso trabajo de apoyo a la diáspora venezolana. Los organismos internacionales, aunque llegaron un poco más tarde, despliegan junto a aquellas un esfuerzo encomiable, el cual agradecemos mucho. Es cierto que, comparativamente, la diáspora venezolana ha recibido, en términos de recursos per cápita, un monto inferior al de migraciones similares, y contra la posibilidad de revertir esta situación conspiran las dos pandemias y la creciente demanda de financiamiento en el mundo.
La situación, en lugar de arredrarnos, estimula la creatividad, la necesidad de encontrar nuevas fórmulas para atender las circunstancias actuales. Esta es la reflexión y el trabajo que hace la diáspora, sus organizaciones y su liderazgo, para responder a los temas acuciantes impuestos por la dinámica de la realidad, trabajando en los proyectos, presentes y futuros, para recuperar la democracia e iniciar el proceso de reconstrucción del país.
Lo que se ha hecho hasta ahora podrá multiplicarse, dependiendo de la cantidad y calidad de los respaldos, en todos los ámbitos. En medio de las dos pandemias, tres en Venezuela ya que sufre además la “pandemia socialista”, la diáspora desempeña un rol central en el proceso de integración, el cual podría ampliarse con relativa rapidez y como una “vacuna” contra el “socialismo del siglo XXI y sus primos cercanos”, explicando las razones que hicieron que el país retrocediera a la época de las cavernas.
La pandemia del COVID-19 y la forma de gestionarla, cuyos resultados pueden ser más letales que el propio virus, afecta de manera más pronunciada a los emprendedores de la PYME, autónomos, trabajadores informales, migrantes y refugiados. De ello son conscientes las ONG y los gobiernos de los países receptores y, conociendo el empeoramiento de la situación de Venezuela, intentan contener el retorno; con el fin de garantizar su sobrevivencia en este periodo tan difícil, solicitan ayuda internacional. La misma permitiría atender los gastos de manutención, compensar la pérdida de ingresos y reducir los daños económicos asociados al desempleo y al cierre de empresas.
Es necesario proponer, dotar de contenido, propósito y medios el discurso en torno a la diáspora, acompañar sus esfuerzos y liderazgos, no sustituirlos. Aprovechar ese activo y su imaginación es más importante hoy debido a la desenfrenada demanda de recursos financieros. El ejemplo de los profesionales venezolanos del sector salud poniendo sus competencias a la disposición de los sistemas de salud en España, Italia y USA, constituye una excelente referencia.
Hay infinidad de proyectos en marcha: xenofobia, ciudadanía y democracia, ambiente, ecosistemas de emprendimiento regional, etc. También en el terreno del lavado de dinero y la recuperación de activos robados, conjuntamente con aquellas organizaciones con años de experiencia en la gestión de un tema tan complejo. Ellos nos permiten rescatar la nobleza de la política, la de hacer las cosas posibles, hacer que la realidad cambie, sobre la base de una estrategia de gobernanza que permita superar los límites de la denuncia infértil, machacona y cansina.
