La complicada negociación de los presupuestos y la necesidad de dar pasos para aumentar los ingresos ha llevado al gobierno de España a acelerar no sólo la tramitación parlamentaria de la tasa Google y el impuesto de transacciones financieras, sino también de la nueva ley contra el fraude fiscal, que también estará sobre la mesa del gobierno. Con información de La Vanguardia.
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Como explicó la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, el paquete de medidas y la transposición de directivas sobre tributación –que prepararon para las cuentas fallidas del 2019– ha pasado los trámites preceptivos y ya están listos para entrar en el Congreso de los Diputados. Montero ha reiterado que, en los próximos consejos de ministros, darán el pistoletazo de salida, sin esperar al anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. La ley de lucha contra el fraude fiscal comporta novedades relacionadas con las criptomonedas, la doble contabilidad en los negocios, la lista de morosos con el fisco y el pago en efectivo.
En su momento, Hacienda estimó que estos cambios normativos iban a suponer ingresos adicionales para las arcas públicas de unos 828 millones de euros. Una cifra que la Autoridad Fiscal rebajó a menos de 350 millones.
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Monedas virtuales
Con la vista puesta en el refuerzo del control tributario, personas y entidades tendrán la obligación de informar a Hacienda de la posesión y uso de criptomonedas. Se deben comunicar todas las operaciones –adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos–, así como los saldos de monedas virtuales. También especifica que las declaraciones informativas de bienes en el extranjero, a través del modelo 720 implantado en el 2012, se extiende también a este nuevo tipo de divisa.
Pagos en metálico
Como resalta Hacienda, ya que “la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios”, la nueva normativa rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite general de los pagos en efectivo. Sin embargo, se mantiene en 2.500 euros para los pagos realizados por personas que no actúan como empresarios y profesionales.
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Programas de doble uso
Quedarán prohibidas la producción y tenencia de software que permita manipular datos contables y gestión empresarial. Las empresas se arriesgan a multas de 150.000 euros. También obligan a que este tipo de programas cumpla con unos estándares de trazabilidad e inviolabilidad. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha realizado importantes actuaciones contra la ocultación de ingresos en actividades comerciales como los mercados de abastos, restaurantes, zapaterías, discotecas, etc.
