España aprueba Real Decreto-ley para endurecer medidas contra el blanqueo de capitales

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El Consejo de Ministros (España) ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español varias directivas europeas. Así lo reseña un reportaje de El País.

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En concreto, el Real Decreto-ley transpone a la normativa española la Directiva 2018/843, por la que se incorporan nuevos actores que deberán cumplir con las medidas de prevención de blanqueo de capitales, deberán estar registrados y serán supervisados por las autoridades.

También se refuerza el sistema de identificación de los titulares reales de las personas jurídicas, para lo que se crea un sistema registral único en el que se incluirá la información ya existente de los titulares reales en el Registro Mercantil y en las bases de datos notariales, e incorporará la obligatoriedad del registro de los trust y entidades de naturaleza similar que operen en España y de sus titulares reales. Este nuevo sistema registral permitirá la interconexión de la información con los registros de los otros países de la Unión Europea y facilitará el acceso público a esta información.

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Junto a estas obligaciones registrales, el Real Decreto establece el deber para los sujetos obligados de solicitar esta información registral en sus relaciones de negocios con personas jurídicas, y el deber para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica de obtener, conservar y actualizar la información de su titularidad real y facilitarla a autoridades y a sujetos obligados cuando así se requiera.

También se da cumplimiento a las exigencias establecidas por la Directiva europea en relación con la información a declarar en el Fichero de Titularidades Financieras, existente en España desde 2016. En concreto, la norma clarifica las obligaciones de declaración en el fichero por las entidades declarantes y amplía esta obligación a las cajas de seguridad y a todas las cuentas de pago, incluyendo las existentes en las entidades de dinero electrónico y en todas las entidades de pago.

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Igualmente, el Real Decreto-ley incluirá la supervisión de los proveedores de servicios de monedas virtuales.

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