La World Compliance Association añade nuevo comité contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

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Foto Archivo

La World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un nuevo comité técnico, de carácter internacional, enfocado a la prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El comité reunirá a expertos de todos los países en los que la asociación tiene representación. Con información de World Compliance Association.

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El blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación no atienden a fronteras, convirtiéndose así en un fenómeno transnacional, sirviéndose de los más actuales avances tecnológicos para subsistir y situándose como delitos de cabecera de organizaciones y grupos criminales internacionales. Estas figuras delictivas están presentes en muchos estratos de la sociedad, transcendiendo así a actividades lícitas que se ven contaminadas de manera imprudente por no prevenir dichas conductas.

Este fenómeno se ha convertido en el gran delito del siglo XXI y está presente en todos los países del mundo. Se trata de delitos complejos, tanto por su forma de realización como por los efectos que producen ya que, en estos tipos delictivos, la víctima no es una sola persona, sino que afecta a todo el colectivo de la sociedad, a la integridad y seguridad de los diferentes estados y al sistema financiero a nivel internacional.

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Es fundamento del comité poner en valor los riesgos delictivos de estas prácticas, en todas las organizaciones e instituciones a nivel nacional e internacional, incentivando la adopción de comportamientos diligentes frente a estas actividades, para así contribuir a su prevención, represión y sensibilización, impulsando su carácter transversal frente al resto de comités técnicos de la WCA.

El comité tiene entre sus objetivos el fomento y difusión del conocimiento en la materia, así como su valoración social, promoviendo el estudio y la investigación de los delitos de BC/FTyP en los ámbitos administrativo y represivo. Asimismo, pretende establecer relaciones institucionales con las autoridades nacionales e internacionales competentes en la materia, de forma especial y preferente con las UIFs y órganos supervisores de los países de influencia, así como con entidades como partidos políticos, organizaciones sindicales o universidades. 

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