Las investigaciones por fraude financiero, lavado de dinero y estafas vinculadas a programas federales continúan siendo una de las principales prioridades del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Durante julio de 2026, la agencia mantiene activa la búsqueda de varios sospechosos que permanecen prófugos tras ser acusados o condenados por delitos económicos, muchos de ellos con órdenes federales de captura por no comparecer ante la justicia o incumplir las condiciones impuestas por los tribunales. Con información de La Nación.
Entre los casos más antiguos figuran John Michael Dimitrion y Julieanne Baldueza Dimitrion, un matrimonio acusado de ejecutar un esquema de fraude hipotecario en Hawái. Según el FBI, ambos convencían a propietarios con dificultades económicas de vender sus viviendas con la promesa de invertir el dinero para mejorar su situación financiera. Sin embargo, los fondos habrían sido utilizados para mantener un estilo de vida de lujo, provocando que varias familias perdieran sus hogares. Aunque se declararon culpables, nunca acudieron a la audiencia de sentencia en 2010 y desde entonces permanecen prófugos. El FBI ofrece una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que permita capturar a cada uno.
La lista también incluye casos de fraude financiero relacionados con inversiones. Christopher W. Burns, exasesor financiero registrado, está acusado de defraudar al menos 10 millones de dólares mediante un supuesto programa de préstamos respaldado por garantías inexistentes o sobrevaloradas. Desapareció en 2020, un día antes de entregar documentación requerida por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). De igual forma, Rodney Dean Allen es buscado por presuntamente engañar a clientes de su empresa de inversiones con estados de cuenta falsificados que ocultaban pérdidas, mientras utilizaba parte del dinero para fines personales. El FBI advierte que Allen podría estar armado y presentar tendencias suicidas.
Otra parte importante de las investigaciones está relacionada con el uso fraudulento de fondos públicos creados durante la pandemia de COVID-19. Fahad Mohamed Nur enfrenta cargos por fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y lavado de activos tras presuntamente obtener más de cinco millones de dólares mediante facturas falsas vinculadas al Federal Child Nutrition Program, destinado a financiar comidas para niños vulnerables. Las autoridades creen que podría encontrarse en Somalia. Asimismo, Elaine Angene Escoe está acusada de integrar una organización que habría obtenido de manera fraudulenta más de 32 millones de dólares de programas federales como el Paycheck Protection Program (PPP), el Economic Injury Disaster Loans (EIDL), el Restaurant Revitalization Fund (RRF) y el Shuttered Venue Operators Grant (SVOG), utilizando información falsa sobre empresas, nóminas e ingresos.
El FBI también mantiene la búsqueda de personas involucradas en fraudes contra el sistema de salud estadounidense. Entre ellas se encuentra Khalid Ahmed Satary, acusado de participar en una conspiración valorada en aproximadamente 547 millones de dólares mediante la facturación de pruebas genéticas innecesarias al programa Medicare. De igual manera, Emylee Thai enfrenta cargos por un esquema similar a través de un laboratorio que facturó alrededor de 142 millones de dólares y recibió cerca de 95 millones por estudios médicos presuntamente injustificados.
Otro de los casos destacados es el de Michael Lizaso Marasigan, condenado por liderar un esquema de fraude, lavado de dinero y operaciones ilegales de bingo en Guam. Según la investigación, la organización recaudó al menos 34 millones de dólares bajo la promesa de financiar tratamientos médicos para niños en Hawái, pero más de 10.7 millones habrían sido desviados para beneficio personal. Tras ser autorizado a viajar a Filipinas por razones médicas en 2025, nunca regresó a Estados Unidos y fue sentenciado en ausencia en mayo de 2026 a 262 meses de prisión federal. El FBI considera que presenta un alto riesgo de fuga.
Las autoridades estadounidenses mantienen abiertas todas estas investigaciones y continúan ofreciendo recompensas de hasta 150.000 dólares por información que conduzca a la localización, arresto y procesamiento de varios de los prófugos incluidos en esta lista, como parte de su estrategia para combatir el fraude financiero, el lavado de dinero y el desvío de recursos públicos.
