A pesar de la pandemia del Covid-19, México continúa haciendo importantes desarrollos anticorrupción y de cumplimiento que no deben pasar desapercibidos en medio de esta crisis. Con información del Blog FCPA.
Después del Covid-19, ¿serán las pausas de cumplimiento parte de la recuperación?
Primero, el Acuerdo Comercial de Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), ha sido ratificado por el Senado canadiense en marzo, completando el proceso de ratificación de los tres países signatarios. Esto es muy significativo, dado que las partes del acuerdo ahora tienen un entendimiento común sobre anticorrupción y cumplimiento en el Capítulo 27 de USMCA.
En consecuencia, una vez que el mundo reanude la “normalidad”, las partes en el acuerdo desviarán su atención para hacerla cumplir en sus términos. De particular importancia es el compromiso de las entidades de procesamiento de las partes de cooperar y coordinar en asuntos relacionados con la aplicación de sus leyes anticorrupción. La cooperación internacional demostrará ser una de las fuerzas más importantes que impulsará el enjuiciamiento y la aplicación anticorrupción en México en los próximos años.
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Segundo, el mes pasado la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que forma parte de la Fiscalía Federal (FGR), también presentó por escrito su primer Informe Anual al Senado de México. Según el informe, tres cosas deben estar en primer lugar en la mente de las empresas, la administración, los directorios y los accionistas.
Este informe es de gran importancia y ha pasado desapercibido por la actual crisis del Covid-19. A pesar de las prioridades urgentes de supervivencia del momento actual, las empresas también deben considerar a largo plazo que México continúa desarrollando sus instituciones y herramientas para combatir la corrupción y, por lo tanto, los programas de cumplimiento no deben abandonarse, ya que son esenciales para proteger y defender a la empresa en un ambiente potencialmente más adverso de mayor aplicación.
Tercero, la aplicación, ejecución y enjuiciamiento de la ley contra el lavado de dinero ha tomado una postura más vigorosa desde 2019, tanto para las entidades financieras como no financieras. El mes pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Impuestos Tributarios (SAT) emitieron una comunicación conjunta solicitando que todas las partes involucradas en las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal Antilavado de Dinero, documenten cualquier hecho que pueda causar un retraso en la presentación de Avisos de Actividades Vulnerables para poder solicitar al SAT una autorización para implementar un Programa de Autocorrección con respecto a las actividades realizadas desde marzo de 2020.
Cuarto, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) anunció que para ayudar a evitar que las cadenas de suministro se vean interrumpidas y que los precios de los bienes y servicios aumenten, no buscará acuerdos de colaboración entre agentes económicos, que en el contexto actual, son necesarios para mantener o aumentar la oferta, satisfacer la demanda, proteger las cadenas de suministro, evitar la escasez o el acaparamiento de bienes, y que no están destinados a excluir a los competidores y tendrán en cuenta que las circunstancias actuales podrían dar lugar a aumentos de precios. El COFECE determinó que dichos aumentos deberían ser una decisión individual e independiente de cada empresa.
