Luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá en su lista gris, la actual administración de Gobierno se dispuso a salir de ella en un año, y para lograrlo, incluyó un paquete de reformas en sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, cambios que planea presentar el próximo 8 de enero de 2020, en una reunión con el grupo internacional. Así lo informó La Estrella de Panamá.
Sin embargo, dichas reformas tienen en alerta al Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG). Muchos de ellos brindan servicios de incorporación y administración de sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, así como otros entes jurídicos de responsabilidad limitada, sociedades y demás, y aducen que sus gastos operativos se elevarán, pudiendo provocarles la quiebra, inclusive.
Para los abogados del MAG, los proyectos de ley afectarán el ejercicio de más de 24,000 juristas, ya que exige, entre otros requisitos, contar con un oficial de cumplimiento para las sociedades anónimas, lo que acarrearía un salario adicional. Además, estas exigencias del GAFI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), van más allá de las exigencias a otras sedes de sociedades extraterritoriales, como las islas Vírgenes Británicas.
Proyecto de la Superintendencia
Con la elevación de la Intendencia a Superintendencia de Sujetos No Financieros, como primer proyecto de ley, ahora su normativa establece una tarifa para los abogados. Además de mantener la obligatoriedad de seguir la Ley 23 por el cumplimiento, perfil, enfoque y matrices de riesgo con los clientes, será necesario contar con un software y personal adicional.
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Lo anterior, según los abogados, podría provocar que se cree un oligopolio, debido a que son pocos los abogados y firmas que podrán cumplir con todos los costos asociados al cumplimiento y poder seguirle la pista a los nuevos requisitos.
Proyecto del registro
El segundo proyecto de ley que arguyen que ‘atenta contra la abogacía’ establece que estos profesionales lleven el estado financiero además del registro contable, sin diferenciar por tipos las sociedades.
A manera de ejemplo, en Panamá hay sociedades registradas operativas en Panamá, y otro grupo que no están operativas porque no están activas tributariamente y hay un tercer grupo que son las extraterritoriales, donde el cliente local no es el beneficiario final, y el objetivo de la legislación a discutirse es que Panamá le dé seguimiento a esa clientela internacional.
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Con el proyecto, alegan los abogados, se nivelan los tres tipos de sociedades, sin marcar diferenciación entre las operativas, las que tienen alguna propiedad y no están operativas y las que tengan el mismo gasto operativo que el tercer grupo y las sociedades extraterritoriales, lo cual afectará a miles de abogados que solo tengan una secretaria, pasante y mensajero, lo que podría “llevarlos a la quiebra”.
