Human Rights Watch ha publicado un informe devastador sobre la represión sistemática ejercida por el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Aunque millones de venezolanos acudieron a las urnas con la esperanza de un cambio político, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la cuestionada reelección de Maduro con más del 51 % de los votos, pese a denuncias de fraude y opacidad en el proceso. Con información de Human Rights Watch.
El informe, basado en más de 100 entrevistas y la verificación de 90 videos y fotografías, documenta asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas contra manifestantes, opositores y transeúntes. Human Rights Watch verificó la participación tanto de las fuerzas de seguridad como de los temidos “colectivos” armados en las acciones represivas, que dejaron al menos 25 muertos y más de 2.000 detenidos durante y después de las protestas poselectorales.
La represión incluyó detenciones masivas, uso sistemático de la tortura y el aislamiento prolongado de los detenidos. Se ha documentado que muchos de los arrestados fueron acusados de “terrorismo” e “incitación al odio”, enfrentando penas de hasta 30 años de cárcel. Algunos detenidos han sido forzados a grabar videos declarando que sus derechos fueron respetados, mientras otros permanecen desaparecidos.
El informe advierte que la represión se ha profundizado en medio de un contexto internacional cambiante. La administración Trump, enfocada en acuerdos migratorios y liberación de estadounidenses detenidos, ha dado señales de priorizar estas negociaciones por encima de la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Esta postura podría fortalecer a Maduro y legitimar su permanencia en el poder, alertan expertos.
Human Rights Watch insta a la comunidad internacional a reforzar las sanciones individuales, apoyar los esfuerzos de la Corte Penal Internacional y fortalecer la protección de activistas, periodistas y víctimas de persecución. Además, exhorta a los gobiernos latinoamericanos y europeos a garantizar la protección de los venezolanos que huyen de la represión y la crisis humanitaria.
