En medio de la pandemia Covid-19, el ex juez y exministro de Bolsonaro, Sergio Moro, está ganando muy bien. Ahora, el letrado trabaja para la defensa de un empresario investigado por corrupción de funcionarios gubernamentales, lavado de dinero, evasión de impuestos y violación de derechos humanos y leyes ambientales, y que además ya ha sido arrestado a instancias de las autoridades suizas e israelíes. Con información de The Intercept.
Según el dictamen legal que emite para la defensa de este empresario, el ex comandante de Lava Jato se embolsará cientos de miles de reales.
El servicio es una requisa del israelí Benjamin “Beny” Steinmetz, multimillonario que fue investigado por el FBI y es blanco de la justicia en Suiza, Estados Unidos y Sierra Leona, África. Por orden de Steinmetz, un bufete de abogados brasileño solicitó asesoramiento jurídico al exministro bolsonarista.
Una opinión legal es un diagnóstico de un asunto legal, la evidencia en un caso y las leyes bajo las cuales se evaluará. Moro servirá para guiar la defensa en una disputa igualmente multimillonaria que el empresario tiene en Londres contra la minera brasileña Vale.
El contrato que incluye el pedido de Steinmetz rendirá 750.000 reales a Moro. Incluye otras dos opiniones, cuyos clientes aún se mantienen confidenciales: estamos trabajando para averiguar quiénes son.
Un bufete de abogados llamado Warde Advogados contrató al ex juez. En una nota, la oficina informa que buscó a Moro “a petición del empresario israelí Benjamin Steinmetz” en busca de “opinión del exministro Sergio Moro en una disputa transnacional”. Walfrido Warde, comandante de la oficina, es un acérrimo crítico de Lava Jato (escribió un libro fulminando la operación).
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Moro podrá ayudar a la defensa de Steinmetz a intentar resolver una disputa que comenzó en 2010, cuando Vale compró el 51% de una concesión para explorar mineral de hierro en Guinea, en el extremo oeste de África, a BSGR, el grupo empresarial israelí. El negocio fracasó y la sociedad se vino abajo en 2014.
A pesar de ser rica en reservas minerales, Guinea es uno de los países más pobres del mundo: el 55% de sus 13 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza. La nación ocupa el puesto 174 en el ranking del Índice de Desarrollo Humano, medido por la ONU en 189 naciones, y fue uno de los epicentros de los brotes del virus del Ébola.
Guinea es también un país donde los grandes, cuando es necesario, compran autoridades a plena luz del día. Esa es la acusación que pesa sobre Steinmetz en la corte suiza. Una investigación realizada por las autoridades del país europeo, que finalizó el año pasado, concluyó que ganó la concesión minera en el país luego de pagar sobornos a una de las cuatro viudas de Lansana Conté, el dictador que gobernó el país durante 24 años. El caso está pendiente de juicio.
Steinmetz siempre ha negado todos los cargos. Pero la evidencia es abundante: los investigadores reunieron audios, cheques e incluso un contrato que acredita la relación entre la ex primera dama y un funcionario israelí, ya que él mismo nunca firmó los documentos. El multimillonario ha sido un objetivo de la policía suiza desde 2013 y fue encarcelado durante dos semanas en 2016.
No termina aquí. El historial de Steinmetz es largo, y los crímenes de los que se le acusa siempre tienen lugar en naciones pobres y desiguales.
En Sudáfrica, el israelí es sospechoso de integrar un esquema de evasión fiscal en la exploración de diamantes en sociedad con la empresa británica De Beers, una empresa centenaria del sector.
En Sierra Leona, la vecina Guinea, el trabajo de Steinmetz ha estado en la mira de las organizaciones de derechos humanos durante más de quince años. Según Transparencia Internacional (aliado y partidario incondicional de la operación Lava Jato), las familias fueron desalojadas de las áreas mineras y nunca recibieron la compensación prometida. En 2012, una huelga de mineros terminó con dos muertos a manos de la policía.
En agosto, el tribunal de Sierra Leona bloqueó los activos de Octea, una subsidiaria del grupo Steinmetz, debido a violaciones a la ley ambiental del país. La demanda señala que la empresa dejó un rastro de contaminación del agua, problemas respiratorios en minas vecinas y daños en viviendas por explosiones.
