Por primera vez, la anticorrupción se ha abordado en el acuerdo comercial entre los Estados Unidos, México y Canadá. Específicamente, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) que fue promulgado por el presidente Trump el 29 de enero de 2020, e incluye el primer capítulo sobre corrupción. La lucha contra la corrupción no se abordó formalmente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el acuerdo precursor del USMCA. Con información de National Law Review.
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Este nuevo capítulo anticorrupción representa un compromiso oficial de los Estados Unidos, México y Canadá para apoyar los esfuerzos de cada nación para combatir el soborno y la corrupción. Si bien el presidente Trump firmó la ley USMCA, Canadá aún necesita ratificar el acuerdo, y los tres países deben implementar los términos del acuerdo: deberán alinear sus reglas nacionales con los términos del capítulo anticorrupción, así como con el USMCA en su conjunto.
El capítulo anticorrupción requiere que cada parte adopte o mantenga estándares que prohíban que un funcionario público solicite o acepte un soborno; sobornar a un funcionario público, incluido un funcionario público extranjero; y ayudar o incitar a tales ofensas. Todas las partes también deben adoptar o mantener estándares para proteger a los denunciantes que informan a las autoridades competentes. Curiosamente, el capítulo anticorrupción requiere que las partes alienten a las empresas a prohibir los pagos de facilitación; estos son los llamados pagos de grasa para acelerar la acción gubernamental rutinaria que involucra actos no discrecionales. Actualmente, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA) permite facilitar los pagos.
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Igualmente, el capítulo incluye una subsección completa dedicada a promover la integridad entre los funcionarios públicos federales, la cual requiere que las partes adopten estándares para la selección y capacitación de individuos para cargos públicos considerados especialmente vulnerables a la corrupción, así como que mantengan medidas sobre el resguardo de libros y registros, divulgaciones de estados financieros y estándares de contabilidad y auditoría para prohibir los pagos de sobornos. Esto les daría a los reguladores la capacidad de enjuiciar a las empresas que registran pagos indebidos como pagos apropiados en sus libros y registros, por ejemplo, registrar un soborno como una tarifa de consultoría.
El capítulo anticorrupción también alienta a todas las partes a solicitar al sector privado que desarrolle controles internos, programas de ética y cumplimiento.
