Las autoridades brasileñas no están brindando protección adecuada a los cientos de niñas y niños venezolanos que huyen solos hacia Brasil, señaló Human Rights Watch.
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Entre el 1 de mayo y el 21 de noviembre de 2019, 529 niños y niñas venezolanos no acompañados cruzaron la frontera hacia el estado brasileño de Roraima, según datos de la Defensoría Pública Federal de Brasil, que los entrevistó en la frontera. Casi el 90% de ellos tiene entre 13 y 17 años. Habían viajado solos o con un adulto que no era un familiar ni su tutor legal.
Es muy probable que la cantidad total sea mayor, ya que algunos niños y niñas posiblemente no se detengan en el puesto fronterizo donde los defensores públicos realizan las entrevistas. No existe ningún sistema para dar seguimiento y asistencia a los niños y niñas no acompañados después de la entrevista de ingreso.
“La emergencia humanitaria está haciendo que niños y niñas abandonen solos Venezuela, en muchos casos para conseguir comida o recibir atención médica”, explicó César Muñoz, investigador sénior sobre Brasil de Human Rights Watch. “Si bien las autoridades brasileñas están haciendo un enorme esfuerzo para acoger a los cientos de venezolanos que cruzan hacia Brasil a diario, no brindan a estos niños y niñas que llegan solos la protección urgente que necesitan”.
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Algunos niños y niñas no acompañados terminan viviendo en las calles, donde quedan especialmente vulnerables a sufrir abusos o a ser reclutados por pandillas delictivas brasileñas, concluyó Human Rights Watch. Sin un tutor legal, no pueden inscribirse en la escuela ni recibir atención médica, indicaron defensores públicos federales y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Los servicios de protección infantil de Roraima, conocidos como consejos tutelares, anteriormente asignaban algunos niños y niñas venezolanos no acompañados a albergues estatales, que tienen capacidad para alojar hasta 15 niños y 13 niñas adolescentes. En estos casos, el director del albergue actúa como tutor, y de esta forma pueden ir a la escuela y conseguir documentos de identidad que les permiten acceder al sistema de salud pública.
Sin embargo, los dos albergues públicos para menores de entre 12 y 17 años que hay en Roraima estaban tan desbordados que, el 13 de septiembre, un juez del estado dispuso que ya no reciban a más niños o niñas.
