De acuerdo a un reportaje de El País, los escándalos que se han sucedido en Europa por blanqueo de capitales han comprometido la reputación de su sector financiero. Para atajar esos casos, España, Francia, Holanda, Alemania, Italia y Letonia firmaron una declaración conjunta a la que tuvo acceso el diario español, en la que reclaman la creación de una autoridad supervisora independiente en materia de blanqueo con competencias sobre todo el sector financiero europeo. Además, estos seis países proponen armonizar las legislaciones nacionales en materia de blanqueo mediante una regulación para evitar brechas en asuntos clave.
Los escándalos de los bancos ABLV (Letonia), Danske Bank (Dinamarca), ING (Holanda) o Deustche Bank (Alemania) pusieron al descubierto los capilares del sistema financiero europeo por los que se cuela el dinero sucio. El grupo de seis países, entre ellos España, han decidido llevar al Consejo una propuesta inicialmente impulsada por Holanda para tratar de tapar las rendijas que hacen posible el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o el crimen organizado.
Fincen bloquea a banco ABLV de Letonia por lavado de dinero
El documento firmado por esos seis países aboga por dos grandes medidas: crear un supervisor con autoridad sobre “todo en el mercado interno y todos los operadores del sector financiero” de la Unión Europea y armonizar mediante una regulación comunitaria la legislación contra el blanqueo de capitales, en lugar de hacerlo mediante nuevas directivas, cuyas transposiciones hasta ahora ha dado pie a una cierta discrecionalidad.
Los países firmantes creen que un nuevo supervisor europeo permitiría controlar de forma más efectiva los flujos de capitales transfronterizos, mejoraría el intercambio de información entre países y daría más independencia a la lucha contra el blanqueo de dinero al hallarse a mayor distancia de las instituciones y los grupos de interés locales.
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Las inspecciones, según el documento, se pondrían en marcha siguiendo “criterios objetivos”. Estos provendrían de dos fuentes: los propios programas nacionales y los “mapas de riesgos” o de las investigaciones que pueda iniciar la nueva autoridad de acuerdo con varios elementos que puedan considerarse una amenaza al sistema financiero.
