El Simposio de Delitos Económicos de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, es el evento más prestigioso de su especie. Durante la primera semana de Septiembre celebró la edición número 37. Como es costumbre, participaron mas de dos mil expertos y autoridades de sesenta países. Las intervenciones se enfocaron este año en la responsabilidad compartida que implica enfrentar los delitos económicos y financieros.
El papel de los medios, la responsabilidad y el riesgo fue abordado por periodistas de varios países, entre ellos, Chris Blackhurst, Michael Ricks, Richard Brooks y Daniela Bowker de Reino Unido; Irene Madongo de Zimbabwe; Atanas Tchobanov de Bulgaria; Anthony Cromier de EEUU y la editora de Cuentas Claras Digital Margarita Woyciechowsky de Tablante por Venezuela, cuya intervención transcribimos a continuación.
El periodismo de investigación en Venezuela: Riesgos y responsabilidad
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó recientemente un rotundo informe denunciando la grave crisis humanitaria y la permanente violación de los derechos humanos en Venezuela.
Después de 20 años de chavismo, la economía de Venezuela está en ruinas, la hiperinflación está fuera de control y el poder adquisitivo de los salarios se ha derrumbado .
Todo comenzó mucho antes de que Estados Unidos y Europa impusieran sanciones a algunos miembros del régimen de Nicolás Maduro por corrupción y tráfico de drogas y, más recientemente, también a Petróleos de Venezuela.
En los últimos años del gobierno de Hugo Chávez, era evidente que un modelo económico fallido y una gran corrupción habían dañado profundamente al país.
Según Transparencia Internacional, Venezuela es el país más corrupto de América Latina.
Por su parte, el nuevo Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (Índice CCC) del Consejo de las Américas también colocó a Venezuela en la última posición en América del Sur. Este nuevo índice evalúa la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco.
Investigadores venezolanos estiman el saqueo del país en más de trescientos cincuenta mil millones de dólares desde 2003 cuando Hugo Chávez estableció el control de cambio, considerado el origen de la mega trama de corrupción que arruinó a uno de los países más ricos del mundo.
La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está compuesta por funcionarios y militares de alto rango y sus cómplices en el sector privado: tanto empresarios como operadores financieros y banqueros.
Venezuela, un país arruinado por la corrupción y las políticas equivocadas.
Los venezolanos sufren escasez de alimentos y medicinas. Casi el 15 por ciento de su población ha emigrado, creando serios problemas sociales y económicos a las naciones vecinas.
El salario mínimo es de 3 dólares estadounidenses, dinero con el que no se puede comprar ni siquiera un pollo completo.
Una familia requiere aproximadamente 41 salarios mínimos para adquirir la comida de un mes. Una parte de la población apenas subsiste con un programa oficial que vende una caja con algunos alimentos básicos subsidiados, todos importados, incluso la caja.
Este programa de alimentos se llama Clap y es utilizado por el partido político de Maduro como arma de control social en áreas populares. No es accesible para quienes se atreven a criticar al régimen.
Las investigaciones sobre la gran corrupción del régimen y empresarios cercanos a Maduro han ocasionado demandas civiles y penales y han llevado al exilio a periodistas y directivos de varios medios como ArmandoInfo, La Patilla, El Nacional, Tal Cual Digital y nosotros mismos, Cuentas Claras Digital.
En 2016, publicamos una investigación sobre el general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación y responsable de CASA, según la cual sus cuñados recibieron 6 millones de dólares de uno de los mayores proveedores del Ministerio de alimentación.
Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para CASA
La evidencia muestra que el dinero fue transferido a las cuentas de los familiares del general en un banco en Suiza.
El general Carlos Osorio nunca respondió a las preguntas de los periodistas ni las del parlamento venezolano (la única institución aún no controlada por el régimen), que verificó nuestra investigación y sancionó políticamente al ministro.
La respuesta de Maduro fue colocar a este ministro al frente de la agencia que ahora controla toda la producción minera del país, especialmente el oro y el coltán.
Esta es solo una muestra de los cientos de casos de corrupción entre los que destaca el caso Odebrecht.
La inmensa y poderosa red de corrupción de la constructora brasileña causó un verdadero terremoto político en América Latina.
Varios ex presidentes de Perú están en la cárcel y uno se suicidó. Hay varias investigaciones abiertas en otras jurisdicciones, excepto en Venezuela, a pesar de ser uno de los países donde Odebrecht pagó más sobornos. La compañía brasileña incluso admitió haber entregado 35 millones de dólares a Maduro para su campaña presidencial.
Confirmado: Odebrecht dio 35 millones de dólares a Nicolás Maduro para campaña presidencial
Sin embargo, pocas personas en Venezuela saben algo sobre el caso Odebrecht. Los medios, en su mayoría controlados o amenazados por el régimen, no publican noticias sobre corrupción.
Venezuela es el número 148 en el ranking de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras
Hugo Chávez intentó imponer una hegemonía comunicacional desde el principio.
Comenzó retirando la publicidad oficial de todos los medios críticos. Luego negó la renovación de las licencias de las estaciones de radio y televisión y dificultó la importación de papel para los periódicos.
Treinta y cinco medios escritos han dejado de circular y los pocos que quedan han reducido su producción al mínimo.
El sistema judicial también se ha utilizado para controlar la prensa. Algunos medios han tenido que pagar multas millonarias impuestas por jueces afectos a régimen. Otros fueron comprados por empresarios cercanos a Maduro.
Nosotros, en Cuentas Claras Digital, continuamos publicando información sobre el régimen corrupto de Maduro, como otros medios en el exilio, sin embargo, los lectores en Venezuela a menudo no pueden acceder a nuestras páginas.
El régimen bloquea las direcciones IP u ordena ataques de denegación de servicio (DoS), como es el caso de El Pitazo y CCD, entre otros. A veces, esto ni siquiera es necesario. Los apagones periódicos, debido principalmente a la corrupción, y las malas condiciones de navegación en Internet, ayudan indirectamente a la censura oficial.
Entonces, evidentemente, hay muchas razones en Venezuela para que los periodistas de investigación hagan su trabajo, pero deben enfrentar varios obstáculos:
1.- Condiciones laborales precarias: un periodista en Caracas gana dos salarios mínimos, es decir, seis dólares estadounidenses al mes. Sin embargo, la mayoría de los periodistas, como muchos otros profesionales, obtienen algún tipo de compensación salarial en dólares de sus empleadores
2.- Menos oportunidades de trabajo, ya que sobreviven menos de una docena de medios independientes
3.- Poco o ningún acceso a equipos tecnológicos actualizados
4.- Apagones permanentes que dificultan la vida diaria y la productividad.
5.- Y por último pero no menos importante, la censura. Es casi imposible verificar los datos públicos. La mayoría de los sitios web oficiales muestran información desactualizada o ninguna. Los medios independientes no pueden acceder a las oficinas públicas o asistir a conferencias de prensa oficiales y ningún funcionario público responde a sus preguntas. Finalmente, la autocensura. La mayoría de los medios independientes que aún sobreviven en Venezuela se esfuerzan por evitar sanciones y persecuciones.
Actualmente hay 1.600 investigaciones sobre la libertad de expresión contra medios de comunicación, editoriales, periodistas y también contra líderes políticos y sociales. Una investigación sobre corrupción, un simple tuit disidente o una publicación crítica en Facebook, puede llevar a la cárcel a su autor.
Periodistas venezolanos y corresponsales internacionales sufren persecución, cárcel y tortura.
El periodista venezolano Jesús Medina Ezaine ha estado encarcelado durante un año en una prisión militar. Su delito fue tratar de informar sobre la situación de los hospitales en Venezuela.
El periodista alemán, Billy Six, fue encarcelado por las autoridades de inteligencia venezolanas en noviembre de 2018 después de ser acusado de espionaje, rebelión y violaciones de seguridad. Su delito: tomar una foto de Maduro “demasiado cerca”. Fue puesto en libertad después de cuatro meses de detención.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) arrestaron y golpearon brutalmente al periodista polaco Tomasz Surdel, del periódico Gazeta Wyborcza, por no entregar su cámara.
Los ataques a corresponsales extranjeros por parte de las fuerzas estatales hacen que la cobertura de Venezuela por parte de los medios internacionales sea cada día más difícil y esos medios son precisamente a los que una minoría de venezolanos aún tiene acceso – salvo varios bloqueos como el de CNN, entre otros – para informarse de lo que está sucediendo en su propio país.
Leyes contra la libertad de expresión
El régimen de Maduro implementa la ley penal del enemigo contra medios y periodistas. Los acosa y los instiga. Las armas legales más utilizadas son la llamada Ley del Odio y el Código Penal que se modificó para incluir las leyes de desacato, típicas de las dictaduras.
En 2017, la Asamblea Nacional Constituyente ilegal aprobó la “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia y Tolerancia Pacífica”, conocida como la “Ley contra el Odio”, que prevé penas de diez a veinte años en prisión y la revocación de las licencias de radio y televisión.
El Código Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar mantienen estándares de protección del honor y la reputación de los funcionarios estatales contra expresiones críticas que pueden considerarse ofensivas, como la vilipendio y el insulto a la autoridad. El Código Penal también mantiene el delito de difamación, una disposición incompatible con el principio de legalidad penal estricta y el derecho a la libertad de expresión.
Hace nueve años, Hugo Chávez promovió la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional que establece altas multas a cualquier ciudadano venezolano que invite al país a cualquier persona u organización extranjera a emitir opiniones que puedan ofender a “instituciones estatales, altos funcionarios o intento de soberanía venezolana “.
Por todas estas razones, solo una pequeña parte de la población permanece informada, y eso se debe principalmente al periodismo colaborativo de los medios nacionales e internacionales, la valiente contribución de los colegas que aún permanecen en el país y las quejas de los ciudadanos a través de las redes sociales.
Presos por una foto de Nicolasito
Ha aparecido cierto periodismo ciudadano, si podemos llamarlo así, pero no sin riesgos.
Una mujer y su esposo fueron encarcelados y recluidos en régimen de incomunicación durante dos semanas por tomar una foto del hijo de Nicolás Maduro en una fiesta de uno de sus socios y testaferros. Después de pagar una fuerte suma en dólares, fueron liberados tres semanas después.
Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Maduro, ahora es el jefe del cártel de oro y coltán. La producción ilegal y el comercio de oro ayudan a mantener a Maduro en el poder después de la quiebra de la compañía petrolera estatal Pdvsa.
Venezuela, Estado delincuente
Como sabrán, la última elección presidencial en Venezuela no fue reconocida por la oposición democrática y tampoco por los gobiernos de más de cincuenta países debido a todas las irregularidades que ocurrieron. En vista de la ausencia de un presidente legal y legítimo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tuvo que ocupar el cargo, como lo indica la Constitución venezolana. Ahora es su obligación tratar de convocar elecciones verdaderamente libres y democráticas.
Tal como hemos explicado en presentaciones anteriores aquí en Cambridge, Venezuela se ha convertido en un Estado delincuente: debido a la ausencia de controles y al predominio de la anarquía y la impunidad, el crimen organizado ha secuestrado las instituciones estatales, debilitándolas y generando un Estado criminal.
Por ello, todos los que viven en Venezuela están en peligro pero especialmente los periodistas, aunque el país más mortífero para los medios siga siendo México.
Dos asesinatos mas en agosto han elevado a diez el número de periodistas asesinados este año en México. El principal enemigo de la prensa mexicana es el crimen organizado, específicamente, los carteles de traficantes de drogas.
En Venezuela, dos periodistas han sido asesinados por denunciar a narcotraficantes: Mauro Marcano Ramos en 2004 y Orel Zambrano en 2009.
Aún así, en Venezuela no somos México. Sin embargo, tenemos más enemigos que nuestros colegas mexicanos.
El principal enemigo de la prensa venezolana es el propio régimen de Maduro que controla y utiliza todos los demás poderes del Estado, incluido el judicial, contra cualquiera que se atreva a disentir, periodista o no.
Además, al ser un Estado delincuente, el régimen venezolano también controla y utiliza bandas de delincuencia organizada para atacar a periodistas y medios.
Lo que viene
El escenario actual es sombrío, pero aún no hemos perdido por completo la esperanza.
Mientras hablamos, hay una importante iniciativa internacional que respalda el difícil proceso de negociación entre la oposición democrática y el régimen. Esperamos que se logren elecciones presidenciales verdaderamente libres y que se restablezca la democracia en Venezuela.
En la transición deseada, habrá que hacer un gran esfuerzo para reconstruir las instituciones y la sociedad misma.
En ese momento, como ahora, el papel de los medios y los periodistas será fundamental. Espero que todos podamos estar a la altura del compromiso.
