Las sanciones a PDVSA obligan al régimen a liberar la economía del país para sobrevivir

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A partir del Control Cambiario en 2003, se ha sucitado una incertidumbre jurídica, además de la expropiación de establecimientos industriales y comerciales privados, la confiscación y remate de los inventarios, la violación de los derechos de propiedad y el encarcelamiento de gerentes y propietarios, que han generado un ambiente cada vez menos propicio para la inversión en el sector productivo a nivel nacional y la reactivación de la economía.

El resultado de todas esas medidas aplicadas desde hace años, se reduce al tráfico de influencias, la extorsión y el cobro de comisiones y “vacunas”. Los trámites oficiales para cualquier papeleo requiere extensos requisitos, y a eso se le suman los sobornos por parte de los funcionarios corruptos para proceder con tu solicitud: desde la cita de un pasaporte hasta el apostillado de documentos.

De Estado rentista a la impresión de billetes

El deterioro de la industria petrolera en Venezuela y las sanciones de EEUU aplicadas a Pdvsa, suscitó el consiguiente fin del Estado rentista, donde el petróleo ha dejado de ser el protagonista de la economía del país llevando al gobierno a la emisión de dinero inórganico que deriva a una hiperinflación cada vez más grave.

Aumentar la recaudación de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, arancel de aduanas, tasas y tarifas a la actividad económica, comercial y financiera, serían las medidas más rentables para estabilizar la economía de Venezuela, lo cual requiere de la reactivación del sector privado.

El régimen sabe que no cuenta con los recursos para evitar el colapso de los servicios de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y de la infraestructura de autopistas, ferrovías, puertos, aeropuertos, etc., por lo que debe obtener más apoyo y contar con aliados que demandan garantías de seguridad jurídica y los derechos de propiedad, para poder invertir en el país.

También debe ofrecer eficiencia institucional a través de la simplificación y automatización de los trámites y procedimientos administrativos para eliminar y evitar las mafias de corrupción que existen en la actualidad.  

Medidas desesperadas de un gobierno que se aferra al poder

La derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, el Convenio Cambiario N° 1 que permite la libre convertibilidad, la Resolución 1905-01 del BCV que autoriza la libre compra y venta de divisas entre privados a través de los bancos, la Providencia Administrativa N° 00071 del Seniat que permite facturar en divisas y el relajamiento del marco legal e institucional para atraer inversiones en el Arco Minero del Orinoco, son algunas de las maniobras del régimen para sobrevivir.

Igualmente, se plantea la privatización de empresas expropiadas que terminaron en la bancarrota por la corrupción, e incluso, Rafael Lacava propuso desnacionalizar el sistema eléctrico para generar ingresos y así mejorar su calidad, tomando en cuenta que las tarifas mensuales de este servicio en el país, no permite cubir los costos de mantenimiento de Corpoelec.

En pocas palabras, el régimen busca liberar la economía para intentar evadir las sanciones impuestas, que afectan a su principal fuente de ingreso: el petróleo.

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