CCD La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió una demanda por incumplimiento de un contrato para construir 2.400 viviendas en Mariches, estado Miranda, interpuesta por la Compañía Anónima Metro de Caracas (Cametro) contra la Constructora Norberto Odebrecht y Seguros Caroní, en su condición de fiadora solidaria de la empresa brasileña.
La abogada Martha Cortiñas Márquez, en representación de Cametro, introdujo el escrito inicial el 14 de diciembre de 2017, pero el TSJ determinó que los términos de la acción judicial no eran precisos, porque entre otras cosas, no quedaba claro qué aspiraba la empresa de transporte público; es decir, no se decía con precisión si quería una indemnización por daños o si, simplemente, aspiraba a la devolución de las fianzas de Anticipo y Fiel Cumplimiento.
Luego de aclarados los términos de la demanda, exactamente seis meses después del procedimiento inicial, la Sala admite la demanda y decide citar a los presidentes, representantes o apoderados judiciales a comparecer ante el TSJ y, además, a solicitud de Cametro, estudia un embargo de carácter cautelar de los activos de las empresas demandadas en el país, a objeto de garantizar los pagos, si esta corte falla a favor de la empresa pública.
¿Qué demanda Cametro?
La devolución de 563.100.000 bolívares por concepto de la fianza de anticipo N° FIAN-806.
El pago de 50.700.000 dólares derivados de una segunda fianza de anticipo identificada con el número FIAN 8062.
El reintegro de 281.550.000 bolívares previstos en la fianza de fiel cumplimiento N° FIAN 8618.
La cancelación de 25.350.000 dólares por la fianza de fiel cumplimiento en divisas N° FIAN 8619.
De manera que la demanda de Cametro contra Odebretch y Seguros Caroní suma 76.050.000 dólares y 850.650.333,33 bolívares.
Según precisan fuentes judiciales consultadas, es posible que en los próximos días, el TSJ decida el embargo preventivo solicitado, ya que se trata de una medida cautelar, aunque se espera que este juicio, el primero que alguna entidad del gobierno venezolano incoa contra la brasileña Odebretech, sea largo.
En su ponencia, la jueza de sustanciación del TSJ, Belinda Paz Calzadilla, decidió enviar la solicitud de embargo a la Sala Político Administrativa del TSJ, en función de que la instancia judicial tome la decisión.
Igualmente, la jueza acordó notificar y pedir “opinión” sobre el caso al Ministerio de Transporte, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeseg) y al Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Sucre del estado Miranda, la entidad que agrupa a los consejos comunales de la zona.
El escrito del Tribunal de Sustanciación aclara que estos organismos no están llamados a hacerse parte de la demanda judicial, pero pueden emitir opinión sobre los hechos, si así lo determinan.
La ONG Transparencia Venezuela en su comentario sobre esta decisión establece que “Si el TSJ utilizara la tasa DICOM para la fecha de la admisión de 96.000 bolívares por dólar, estaríamos hablando de 7.300.800.000.000,00 bolívares (Siete billones trescientos mil ochocientos millones de bolívares)”.
Lo que dice Transparencia Venezuela
La ONG Transparencia Venezuela señala que el contrato a que hace referencia la demanda es el Nro. MC-4749, firmado entre Cametro y Odebrecht, con recursos del Fonden. Las viviendas debían estar terminadas para el primero de marzo de 2017, pero según constató la organización, nunca fueron construidas.
En la Memoria y Cuenta de Cametro correspondiente a 2015 se precisa que el avance de las obras era de 6,67%, según las valuaciones entregadas, lo que no significa que lo dicho haya sido efectivamente verificado por inspectores de la empresa pública.
“El monto de ese contrato, como muchos otros, se mantiene en secreto, pero esta sentencia permite hacer estimaciones. El monto reclamado por fianza de fiel cumplimiento asciende a Bs. 281.550.000,00 más US$ 25.350.000,00 y, según la Ley de Contrataciones Públicas vigente para la época ,el valor de las fianzas debían se equivalentes al 15% del monto del contrato. Si cumplieron con la ley, el monto del contrato no debió ser inferior a Bs. 1.877.000.000 más US$169.000.000 para construir 2.400 viviendas. Viviendas muy caras que no se construyeron”.
De hecho, cada unidad habitacional salía, a precios de 2016, a más de 70.000 dólares, y se está hablando de viviendas tipo Misión Vivienda de aproximadamente 70 metros cuadrados.
“La falta de acción contundente, decidida y oportuna, ya sea administrativa o judicial ya ha generado responsabilidad y daño al patrimonio público”, sostiene Transparencia Venezuela.
“La estructura corrupta de Odebrecht se conoció en 2014 con el caso Lavajato en Brasil. Sin embargo, no fue hasta enero de 2017 que se realizó el primer allanamiento a las oficinas de la empresa en Caracas, y en agosto 2017 conocimos la solicitud de medida cautelar de congelamiento de bienes pertenecientes a la sociedad mercantil constructora Norberto Odebrecht, que se encuentran relacionados con la ejecución de 11 proyectos inconclusos, interpuesta por la Procuraduría General de la República, en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa”.
La ONG recalca que, en este caso concreto, los tiempos judiciales fueron lentos.
Además llama la atención que el Metro de Caracas -que aparentemente también construye viviendas, a pesar del precario servicio de transporte que presta- no considere procedente exigir una indemnización por daños patrimoniales causados al estado en este caso, sino que se limite a demandar los reintegros de las fianzas, lo que deja la duda sobre las condiciones en las cuales se suscribió el convenio.
¿Vienen más demandas?
Transparencia Venezuela señala no saber si otros entes públicos con contratos inconclusos con la Constructora Odebrecht tienen previsto seguir el ejemplo de Cametro. TalCual intentó indagar en la Procuraduría General de la República y la respuesta de una fuente de ese organismo es que eso depende de cada institución contratante.
Hace más de un año -específicamente el 5 de febrero de 2017- Nicolás Maduro ordenó cerrar todos los contratos pendientes con el conglomerado brasileño para que el gobierno, con sus capacidades propias, asumiera la terminación de las obras inconclusas. El mandatario no habló de medidas judiciales, ni entonces ni después.
LA SOMBRA DE ODEBRECHT ACECHA A MADURO
Odebrecht vive su propio calvario en Brasil. Sus principales directivos están sometidos a investigaciones judiciales y con procesos abiertos. Además, en previsión de las posibles consecuencias financieras de las presuntas -y milmillonarias- irregularidades cometidas por los altos gerentes de la corporación, la constructora ha debido vender activos por más de 70.000 millones de dólares.
Uno de los más recientes episodios de la compleja trama aparece en una publicación del sitio web de Estadao, que, el pasado 25 de marzo, indicó que el mandatario Nicolás Maduro supuestamente ordenó, de su puño y letra, pagos por 4.000 millones a Odebrecht con carácter “muy urgente” contra recursos del Bndes, después de su elección en 2o13.
Estadao refleja, como antecedente, que la campaña de Maduro presuntamente recibió contribuciones por 35 millones de dólares, procedentes de una “Caja 2” de la constructora carioca, cuya existencia ha sido demostrada en las actuaciones judiciales y por confesiones de varios ex directivos implicados.
Los pagos no estaban previstos en el presupuesto ordinario de gastos.
Según Estadao, el Ministerio Público brasileño obtuvo esta información de los testimonios del ex director de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, y de los asesores Mónica Moura y Joao Santana, vinculados a las campañas presidenciales de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil.
De acuerdo con los documentos, Maduro comenzó a liberar los pagos extraordinarios para las obras de Odebrecht menos de un mes después de ser elegido en abril de 2013, agrega Estadao.
Con información de Tal Cual
