Cinco meses después de haber admitido a trámite la querella que las sociedades Marine Instruments S.A y Liuniaski S.L presentaron contra el Consejo de Administración de Banco Madrid, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado esta semana las primeras diligencias para impulsar la investigación sobre la filial española de Banca Privada de Andorra. Foto EFE
Dichas diligencias habían sido solicitadas por las dos citadas mercantiles que eran clientes de Banco Madrid y han sido acordadas en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.
La querella de estas dos mercantiles fue interpuesta a raíz de conocerse que la estructura financiera del citado banco habría facilitado a determinados clientes -altos cargos del gobierno de Venezuela o miembros de la mafia china liderada por el empresario Gao Ping- la comisión de actividades ilícitas como el blanqueo de capitales. Este escándalo en torno a Banco Madrid provocó la intervención y quiebra de la entidad.
En un auto, al que ha tenido acceso Vózpopuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional se dirige ahora al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España(SEPBLAC) -organismo que alertó en un informe de las actividades irregulares de la entidad bancaria- para que le remita “copia íntegra de todos los expedientes de inspección y sancionadores relativos a Banco Madrid”.
Asimismo, en la resolución, el juez Andreu pide a la propia entidad que entregue a su juzgado “todas las actas del Comité de Prevención” del banco, así como los informes de “expertos externos” encargados por dicha entidad en relación a su política de cumplimiento normativo. En concreto, el magistrado solicita los informes que las consultoras Deloitte, KPMG e Informa Consulting S.L realizaron sobre Banco Madrid.
Las comunicaciones con Seplac de los últimos cuatro años
Por otro lado, el instructor de la Audiencia Nacional solicita en el auto a la filial de Banca Privada de Andorra “todas las comunicaciones voluntarias efectuadas por Banco Madrid al Sepblac durante los ejercicios de 2011 a 2015, así como las contestaciones dadas a los requerimientos efectuados por el Seplac a Banco Madrid”.
El magistrado Fernando Andreu ha acordado estas diligencias en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que en una providencia dictada el pasado 4 de septiembre se opuso a la práctica de dichas las mimas al considerar que no guardaban “relación directa” con el objeto de la presente causa, es decir, con averiguar si Banco Madrid cometió o no un delito de blanqueo de capitales.
Los fiscales del caso informaron al magistrado que no corresponde a la Audiencia Nacional “obtener datos que vayan a ser utilizados en el procedimiento concursal que tienen abierto los querellantes -las sociedades Marine Instruments S.A y Liuniaski S.L- contra el mencionado banco”.
La querella de estas dos empresas se dirige contra Banco Madrid S. A. y contra siete miembros de su ex Consejo de Administración, José Pérez Fernández, Higini Cierco Noguer, Ramón Cierco Noguer, Joan Pau Miquel Prats, Soledad Núñez Ramos, Ricard Climent Meca y Rodrigo Achirica Ortega.
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