El empresario maltés Yorgen Fenech fue absuelto de los cargos relacionados con el asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, quien murió el 16 de octubre de 2017 tras la explosión de una bomba colocada en su automóvil. El veredicto se produjo al término de un juicio de dos meses en La Valeta.
Fenech, de 44 años, estaba acusado de complicidad en asesinato y asociación delictiva para cometer el crimen. Tras aproximadamente ocho horas de deliberación, el jurado lo declaró no culpable de ambos cargos por ocho votos contra uno. De haber sido condenado por el cargo más grave, podía enfrentar cadena perpetua.
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La Fiscalía sostenía que Fenech era el presunto cerebro del complot y que tenía interés en silenciar a Caruana Galizia porque la periodista estaba próxima a revelar información relacionada con él. El empresario negó las acusaciones. Durante el juicio, su defensa cuestionó la credibilidad del intermediario del asesinato convertido en testigo de la Fiscalía y señaló a Keith Schembri, antiguo jefe de gabinete del entonces primer ministro Joseph Muscat. Schembri ha negado cualquier participación y la Policía declaró que nunca fue considerado sospechoso del asesinato.
El crimen de Caruana Galizia, de 53 años, provocó una profunda crisis política en Malta y atrajo la atención internacional sobre las investigaciones de la periodista en materia de corrupción y estructuras financieras. Las consecuencias políticas alcanzaron al gobierno de Joseph Muscat, quien renunció como primer ministro en enero de 2020 en medio de la crisis generada por el caso, aunque nunca fue vinculado con el asesinato.
La absolución de Fenech no significa que el asesinato haya quedado sin responsables condenados. Tres hombres fueron declarados culpables de ejecutar el crimen y otros dos de suministrar la bomba utilizada en el atentado, y actualmente cumplen largas penas de prisión. Sin embargo, el veredicto vuelve a dejar abierta la interrogante sobre quién ordenó el asesinato de la periodista.
Tras conocerse la decisión, la familia de Caruana Galizia cuestionó las fallas institucionales que, a su juicio, permanecen sin corregirse casi nueve años después del crimen. “Nuestro país no protegió la vida de Daphne. Tiene la obligación de evitar que se pierdan más vidas”, señaló la familia en un comunicado.
