Cinco ciudadanos venezolanos interpusieron una demanda civil contra el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante una corte federal del Distrito Este de Nueva York, en la que lo responsabilizan por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de seis de sus familiares ocurridas entre 2017 y 2021. La acción judicial fue presentada cuando están por cumplirse seis meses de la captura de Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos, donde enfrenta un proceso penal por cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas, acusaciones que él ha rechazado. Con información de CNN.
Según la demanda, las seis víctimas —cinco hombres jóvenes y un adolescente— habrían sido asesinadas por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), unidad de la Policía Nacional Bolivariana creada en 2017. Los denunciantes sostienen que los operativos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban en sus viviendas o en las inmediaciones de estas y afirman que las FAES actuaban bajo la autoridad de Maduro.
El documento judicial señala que, aunque las FAES fueron creadas con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, posteriormente habrían sido utilizadas como un mecanismo de represión política y control social. La demanda sostiene que la unidad fue empleada para intimidar a comunidades de bajos recursos y reprimir a opositores, razón por la que distintas organizaciones de derechos humanos la han descrito como un presunto “escuadrón de la muerte”.
Además de los seis casos específicos por los que los demandantes solicitan una compensación económica, la acción judicial afirma que las FAES estarían vinculadas con al menos 1.300 muertes ocurridas entre 2017 y 2020, aunque organizaciones no gubernamentales sostienen que la cifra podría ser superior. Hasta el momento, los abogados de Maduro en Estados Unidos no han emitido comentarios sobre la demanda.
Las acusaciones se suman a señalamientos previos documentados por organismos internacionales. En diciembre de 2025, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, concluyó que existían motivos razonables para considerar que Nicolás Maduro, junto con altos funcionarios civiles y militares, podría tener responsabilidad por violaciones graves de derechos humanos documentadas durante su gestión. Durante su mandato, Maduro y otros integrantes de su administración rechazaron de forma reiterada estas acusaciones.
