El sur del estado Bolívar es escenario de una amplia operación militar desplegada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en las zonas mineras de Las Claritas y el Kilómetro 88, dos de los principales centros de extracción aurífera del Arco Minero del Orinoco. Residentes, organizaciones de derechos humanos y medios locales reportan sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y fuertes movimientos de tropas en áreas históricamente controladas por grupos armados vinculados a la minería ilegal.
De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, los enfrentamientos y las explosiones obligaron al cierre de comercios y mantuvieron a gran parte de la población resguardada en sus viviendas. Reportes extraoficiales indican que el operativo estaría dirigido contra estructuras criminales que controlan la explotación de oro, cobran extorsiones y ejercen control territorial en buena parte del municipio Sifontes.
Diversas organizaciones han señalado que en estas áreas operan desde hace años grupos armados irregulares, incluidos sindicatos mineros, organizaciones criminales y facciones vinculadas a actividades de contrabando y minería ilegal. Algunas versiones apuntan a que la operación busca la captura de cabecillas que mantienen influencia sobre los yacimientos auríferos del sur de Bolívar.
La intervención ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno interino de Venezuela por reorganizar el sector minero y atraer inversión extranjera. En abril fue aprobada una nueva legislación minera orientada a facilitar la participación de capital privado en la explotación de recursos minerales, especialmente oro. Analistas consideran que la recuperación del control estatal sobre las zonas mineras es una condición necesaria para cualquier proceso de inversión a gran escala.
Mientras las autoridades no han emitido un balance oficial sobre detenidos, heridos o fallecidos, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de violaciones a los derechos fundamentales durante el desarrollo del operativo. También alertan sobre posibles desplazamientos de población civil en una región que durante años ha estado marcada por la violencia, la explotación ilegal de minerales y la presencia de grupos armados.
