La minería ilegal se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad, el medioambiente y la gobernabilidad en Sudamérica. Este fenómeno, impulsado por el alza del precio del oro y el debilitamiento institucional, ha desencadenado una ola de violencia, deforestación, corrupción y crisis humanitarias que afecta gravemente a países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia y Guatemala. Solo Chile, hasta ahora, parece haber logrado blindarse frente a esta plaga. Con información de EFE.
Perú: violencia, deforestación y caos institucional
La reciente masacre de 13 guardias de seguridad en una mina de Pataz, región de La Libertad, expone el deterioro del orden en zonas mineras peruanas. En Madre de Dios, la minería aurífera ha provocado la deforestación de más de 100.000 hectáreas y graves problemas sanitarios por el uso de mercurio, afectando principalmente a poblaciones indígenas. Según el Instituto Peruano de Economía, el país lidera la exportación de oro ilegal en Sudamérica, con un 44 %, muy por delante de Colombia (25 %) y Bolivia (12 %).
Ecuador: minería como motor del crimen organizado
En Ecuador, bandas criminales como Los Choneros, Los Lobos y disidencias de las FARC han tomado el control de zonas estratégicas como Alto Punino y Camilo Ponce Enríquez. El asesinato de alcaldes y ataques armados a militares han llevado al presidente Daniel Noboa a declarar el “conflicto armado interno” y suspender derechos constitucionales en varias regiones. La minería ilegal no solo financia el crimen organizado, sino que socava la gobernabilidad local y acelera la destrucción ambiental.
Brasil: el “narcogarimpo” y el drama yanomami
El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho utilizan la minería ilegal como mecanismo de blanqueo y expansión territorial en la Amazonía brasileña. La crisis humanitaria de los yanomamis en Roraima, con más de 330 muertes en 2024, llevó al gobierno de Lula da Silva a activar miles de operativos. Mientras tanto, el negocio del oro sigue floreciendo bajo la sombra de la impunidad.
Colombia: minería ilegal como eje del control armado
En Colombia, más del 70 % del oro de aluvión se extrae ilegalmente, afectando 63.000 hectáreas y fortaleciendo las redes del ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Estos grupos utilizan la minería para financiar sus operaciones, controlar territorios y desplazar comunidades, exacerbando la crisis humanitaria y ambiental en regiones como Chocó, Nariño y Antioquia.
Bolivia y Guatemala: ecosistemas en riesgo y trata de menores
En Bolivia, la minería ilegal avanza en parques como Madidi, contaminando ríos con mercurio y afectando a comunidades indígenas. El 74 % de los habitantes de las regiones amazónicas presentan niveles tóxicos de mercurio en sangre. Además, se ha denunciado trata de menores con fines de explotación sexual. En Guatemala, aunque en menor escala, se registraron más de 100 casos de minería ilegal en 2023, concentrados en el centro y oeste del país.
Chile: la excepción que confirma la regla
A diferencia del resto de la región, Chile ha logrado mantener bajo control la minería ilegal. Con un sistema de trazabilidad eficaz, fiscalización estricta y políticas que favorecen la formalización de pequeños mineros, el país andino representa un modelo de regulación que muchos observan con interés.
Mientras el oro ilegal se consolida como un motor oculto de las economías criminales en Sudamérica, el debilitamiento del Estado, la corrupción y la violencia continúan permitiendo que las mafias expandan sus tentáculos. Frente a este escenario, urge una cooperación regional firme y mecanismos de trazabilidad y control eficaces para evitar que el oro siga tiñéndose de sangre y destrucción.
