Dos empresarios fueron acusados en Estados Unidos por violar sanciones al régimen de Nicolás Maduro al realizar negocios millonarios con empresas estatales venezolanas. Según una denuncia penal presentada el 10 de junio por el Departamento de Justicia, los implicados operaban desde Texas, Alabama y el extranjero para eludir las restricciones impuestas al sector público venezolano. Con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Juan Carlos Cairo-Padrón, ciudadano venezolano y residente permanente en EE.UU., y Thomas Michael Fortinberry, ciudadano estadounidense, enfrentan cargos por conspirar para exportar bienes sin licencia, realizar transferencias internacionales de fondos con fines ilícitos y lavar dinero a través de compañías fachada. Ambos vendieron productos industriales como catalizadores químicos y tubos para hornos de reducción directa de hierro (DRI) a empresas estatales venezolanas sujetas a sanciones estadounidenses.
Entre las entidades involucradas se encuentran el Complejo Siderúrgico de Guayana (COMSIGUA), la CVG Briquetera del Orinoco (Orinoco Iron), VENPRECAR y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). COMSIGUA fue el principal destinatario de los envíos, que incluían catalizadores, servicios de instalación y mantenimiento industrial, y más de 170 tubos reformadores adquiridos a fabricantes en China.
Vicepresidencia de régimen maneja desde este lunes la CVG y sus empresas filiales
El documento judicial revela que entre 2023 y 2025, los acusados facilitaron transacciones ilícitas por entre tres y cinco millones de dólares. Para evadir las sanciones, utilizaron empresas pantalla en Estados Unidos, España, Belice y otros países que actuaban como intermediarias para ocultar el rol directo de las empresas públicas venezolanas. Los pagos se canalizaban a través de cuentas bancarias en EE.UU. y Europa, y luego eran transferidos a proveedores chinos.
El caso fue destapado gracias a la cooperación de un exejecutivo de una empresa estadounidense de catalizadores, quien grabó conversaciones en las que Cairo y Fortinberry admitían conocer la ilegalidad de sus operaciones y describían en detalle cómo estructuraban el esquema de evasión. Ambos sabían que las plantas industriales con las que hacían negocios estaban controladas por el régimen de Maduro y sujetas a sanciones.
La investigación también documenta intentos recientes de los acusados por establecer empresas en Emiratos Árabes, Panamá y Hong Kong para continuar ofreciendo sus servicios a entidades sancionadas como PDVSA. En una de las grabaciones, uno de ellos llegó a decir que el riesgo legal es lo primero que piensa “cada vez que hacemos una de estas cosas”.
Los fiscales sostienen que estas operaciones no solo violan la ley estadounidense, sino que además fortalecen financieramente al régimen venezolano, ayudando a reactivar infraestructuras estatales deterioradas y generando ingresos para una estructura gubernamental señalada por corrupción, represión y ataques a la democracia.
Ambos acusados están detenidos y enfrentan penas de hasta 20 años de prisión si son hallados culpables. Las autoridades confirmaron que la investigación continúa y podría ampliarse a otras personas o empresas vinculadas a este esquema.
