En América Latina y el Caribe, los altos niveles de corrupción han convertido a varios países en entornos propicios para el lavado de activos. La debilidad de las instituciones, la falta de transparencia y la influencia del crimen organizado erosionan los mecanismos de supervisión, lo que facilita el ingreso de flujos financieros ilícitos en los sistemas económicos y financieros. Esta combinación de factores genera un ecosistema ideal para la impunidad y la consolidación de redes de delitos financieros. Con información de Global Financial Integrity.
La correlación entre corrupción y lavado de dinero puede observarse al comparar dos herramientas clave: el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y el Índice Anti Lavado de Dinero (ALD) del Instituto de Basilea. Ambos índices, aunque construidos con metodologías distintas, ofrecen una radiografía preocupante de la región. Mientras el IPC mide la percepción sobre la corrupción en el sector público a partir de 13 fuentes especializadas, el Índice ALD combina datos sobre cumplimiento de normas antilavado, transparencia fiscal, riesgos legales y políticos, y evaluación de marcos anticorrupción.
Los hallazgos recientes evidencian que al menos 15 países latinoamericanos figuran como altamente corruptos según el IPC 2024. En esta lista se encuentran Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Haití, Trinidad y Tobago, y Jamaica, entre otros. Muchos de ellos también aparecen como de alto riesgo en el Índice ALD, lo que confirma que la corrupción no solo compromete la gobernanza democrática, sino que también facilita el lavado de dinero a gran escala.
Casos como los de Venezuela, Haití y Nicaragua reflejan este fenómeno con claridad. Estos países, con bajos niveles de transparencia y fuertes vínculos entre el poder político y estructuras criminales, ocupan los peores lugares tanto en los rankings de corrupción como en los de riesgo antilavado. Una situación similar se observa en Guatemala, El Salvador y México, donde las estructuras institucionales debilitadas coinciden con altos puntajes de vulnerabilidad financiera.
Sin embargo, el riesgo no se limita únicamente a los países con mayores niveles de corrupción. Argentina y Brasil, aunque obtienen puntuaciones relativamente mejores en el IPC, también enfrentan amenazas considerables en materia de lavado de dinero. Esto demuestra que las fallas regulatorias y la falta de aplicación efectiva de los marcos legales también son determinantes clave.
Otro dato relevante es que países como Paraguay, Ecuador y Perú, con indicadores intermedios de corrupción, se mantienen con altos puntajes de riesgo de lavado en el Índice de Basilea (90, 87 y 105 respectivamente). Este patrón revela que, además de la corrupción política, las debilidades institucionales, la opacidad en la titularidad de activos, las unidades de inteligencia financiera sin autonomía y la existencia de estructuras offshore juegan un papel fundamental en la expansión de estos delitos.
En el Caribe, la situación tampoco es alentadora. Países como Panamá han impulsado reformas, pero aún enfrentan graves vulnerabilidades vinculadas al uso de sociedades fantasma y paraísos fiscales. Otras jurisdicciones como Jamaica y Trinidad y Tobago siguen bajo la lupa por el impacto del narcotráfico en sus sistemas financieros. Las Bahamas y las Islas Caimán, aunque no figuran en todos los índices, han sido señaladas en el pasado por el GAFI por su escasa transparencia fiscal.
Frente a esta realidad, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) representa una oportunidad clave. Este instrumento internacional, ratificado por los países latinoamericanos, promueve estándares comunes en prevención, recuperación de activos y participación de la sociedad civil. No obstante, su implementación ha sido dispar. Solo Chile, Perú, Guatemala y Honduras han desarrollado mecanismos de revisión transparente en el marco de la CNUCC.
El proceso de recuperación de activos, por ejemplo, sigue siendo un reto considerable. Las etapas de detección, incautación y devolución requieren capacidades técnicas, independencia judicial y cooperación internacional, especialmente cuando los activos son ocultados mediante criptomonedas o estructuras financieras complejas.
Para enfrentar este panorama, se hace urgente un enfoque integral y coordinado. El sector público debe promover la cooperación interinstitucional y el intercambio de información tanto a nivel nacional como internacional. El sector privado debe implementar programas de formación para sensibilizar sobre los riesgos de corrupción en sus operaciones. La sociedad civil debe jugar un papel activo en la vigilancia y formulación de políticas públicas. Y los órganos de investigación deben contar con autonomía para actuar sin presiones ni conflictos de interés.
Sin voluntad política, sin transparencia y sin instituciones sólidas, la lucha contra el lavado de dinero seguirá siendo un combate desigual. La corrupción no solo afecta la economía: compromete la democracia y deja a los ciudadanos indefensos frente a redes que operan con total impunidad.
