La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes 6 de diciembre a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“Se le considera autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, indicó el juez.
El fiscal encargado del caso, Diego Luciani, pidió el pasado mes de agosto 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exmandataria.
La fiscalía pide 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner
Conocido como caso Vialidad, la Fiscalía acusa a Fernández de dirigir una organización delictiva que gestionó el otorgamiento de obras públicas en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, cercano a ella y a su difundo esposo Néstor Kirchner, también exjefe de Estado. Un entramado de corrupción que habría tenido lugar en los dos periodos de Presidencia de la popular líder política, entre 2007 y 2015.
Según las investigaciones, después del otorgamiento de los contratos, Báez habría canalizado el dinero a la entonces mandataria y su pareja.
Las pesquisas señalan que las presuntas irregularidades habrían ocurrido en la concesión de al menos 51 obras públicas.
Por esta causa, Cristina Fernández fue imputada con los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta de fondos públicos y defraudar al Estado por cerca de 1.000 millones de dólares.
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Las defensas por su parte rechazaron todas las acusaciones y dijeron que no están probado los delitos de los que habló la fiscalía. Reclamaron sus absoluciones. En el último tramo, Cristina Kirchner se convirtió en abogada en causa propia y afirmó: “Si dije que este era el tribual del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”.
Una vez revelada la sentencia, la vicepresidente argentina, emitió una respuesta en vivo y abierta de casi una hora a través de la red social YouTube, donde ratificó su acusación de que “la idea siempre” fue condenarla.
Además, volvió a apuntar contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, encargados de recoger las pruebas en su contra y arremetió diciendo que “no pudieron responder a los alegatos y solo dijeron mentiras”.
Desde su despacho, Fernández denunció un entramado corrupto y partidario a favor de la oposición del Poder Judicial, una situación que ha sido mencionada por el oficialismo reiteradas veces y horas después de que el presidente Alberto Fernández pidiera investigar por un viaje a la Patagonia de miembros del sistema judicial, fiscales, funcionarios macristas, empresarios de medios y agentes de Inteligencia.
La vicepresidente subrayó que su sentencia no corresponde a un “lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial”. “Esto lo vimos este fin de semana cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido con financiado supuestamente por un multimedio”, agregó.
Sobre el cierre de su discurso, la vicepresidenta lanzó una noticia movilizante para la política nacional: anunció que no será candidata a ningún cargo después del 10 de diciembre, cuando finalice el vigente período.
“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral y le digan que tiene una candidata condenada. Termino el 10 de diciembre y vuelvo a la casa de donde salí”, expresó.
