Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades corporativas de propiedad anónima para exponer la actividad delictiva. Así lo reseña un reportaje de Joshua Goodman para The Associated Press.
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Ahora, gracias a una reforma decisiva de las leyes de lavado de dinero de Estados Unidos, localizar las ganancias del soborno extranjero, el tráfico de drogas y la financiación de terroristas podría ser tan fácil como pulsar unas teclas.
La nueva legislación aprobada por el Congreso el mes pasado después de una lucha de una década, es la reforma bancaria más radical de su tipo desde la aprobación de la Ley Patriota, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Por primera vez, las empresas fantasmas deberán proporcionar los nombres de sus propietarios o enfrentarán duras penas y sentencias de cárcel. La información se almacenará en una base de datos confidencial accesible a las fuerzas del orden federal y se compartirá con los bancos que a menudo son cómplices involuntarios de la corrupción internacional.
La Ley de Transparencia Corporativa se incluyó en un proyecto de ley de gastos de defensa que primero fue vetado por el presidente Donald Trump y luego anulado por el Congreso el día de año nuevo.
Fue presentado por la representante Carolyn Maloney, una demócrata de Nueva York, en 2010 y al principio se enfrentó a la oposición de los bancos y grupos empresariales preocupados por la burocracia, así como de estados como Delaware y Wyoming, que obtienen importantes ingresos del registro cada año en Estados Unidos de casi 2 millones de corporaciones y compañías de responsabilidad limitada.
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Pero una serie de escándalos financieros internacionales que involucran al organismo rector del fútbol, la FIFA y el banco de desarrollo 1MDB de Malasia, así como la filtración de los llamados Papeles de Panamá, eventualmente suavizaron las críticas al revelar el rol que desempeñan las empresas fantasmas en ocultar las ganancias de actividad ilícita.
El sistema financiero estadounidense, el más grande y estable del mundo, ha sido durante mucho tiempo un imán para el dinero sucio. Pero las herramientas para prevenir el abuso por parte de los malos actores no han estado a la altura de la tecnología y la proliferación de transacciones instantáneas en línea a través de las fronteras.
La nueva ley busca fortalecer los controles mediante la creación de un registro administrado por el Departamento del Tesoro que contendrá los nombres de los verdaderos propietarios tanto de empresas fantasma creadas en el país como de las extranjeras que realizan negocios en EEUU.
La creación de una empresa fantasma en estados como Delaware requiere poco más que el pago de una tarifa de 90 dólares y una carta de una página que enumere el nombre de la entidad, el apartado postal y un agente registrado que con frecuencia es un bufete de abogados dedicado a producir empresas a granel. Los verdaderos propietarios rara vez aparecen en la lista, sus identidades ocultas bajo una red de subsidiarias. Pero una vez creadas, las entidades se pueden usar para comprar activos legítimos, como bienes raíces, usando fondos mal habidos transferidos furtivamente a una cuenta bancaria estadounidense.
Una de esas empresas con sede en Delaware, Essential Consultants LLC, fue utilizada por el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, para ocultar pagos de dinero a la estrella porno Stormy Daniels. Otros registrados en el mismo estado, están vinculados a oficiales militares corruptos en Venezuela, guerrilleros narcotraficantes de Colombia y el ex dictador de Zimbabue Robert Mugabe.
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“El Congreso tardó en reconocer que el secreto está ‘vivo y coleando’ en Estados Unidos”, dijo David P. Weber, un ex investigador del Tesoro que fue uno de los dos expertos que revisaron los Papeles de Panamá antes de su publicación. Ahora es profesor de contabilidad forense en la Universidad de Salisbury en Maryland. “Los cleptócratas y los funcionarios extranjeros corruptos no necesitaban cuentas bancarias secretas en Suiza. Estaban justo aquí”.
La ley también incrementa drásticamente los premios para los denunciantes. Específicamente, las personas que presentan evidencia de malversación financiera tienen derecho a recibir hasta el 30% del dinero incautado por el Tesoro o los Departamentos de Justicia cuando su información conduce a acciones policiales exitosas. Anteriormente, los premios tenían un límite de 150.000 dólares.
“Esto podría terminar siendo la salsa secreta”, dijo Michael Nadler, un fiscal federal recientemente retirado en Miami que ha presentado cargos contra decenas de funcionarios venezolanos corruptos. “Tiene el potencial de convertir en armas a los funcionarios de la empresa de bajo rango que tienen acceso a información confidencial de los clientes y ven comportamientos delictivos”.
El Departamento de Justicia también tendrá poderes ampliados para exigir registros de cuentas bancarias extranjeras cuando sospechen de actividad criminal. Y la ley también extiende la supervisión al comercio de antigüedades de alto valor. Las costosas obras de arte, un vehículo frecuente para ocultar el producto de la corrupción, también pueden estar al alcance de las leyes contra el lavado de dinero en espera de un estudio que el gobierno debe realizar dentro de un año.
Si bien puede tomar algún tiempo para que se sienta el impacto de la ley, los expertos creen que alejará de EEUU parte del dinero sucio del extranjero que ha elevado los precios de los bienes raíces en las principales ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles.
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Pero nadie espera que el crimen y la corrupción se detengan. Una debilidad de la ley, dice el ex investigador del Tesoro Weber, es que empujará los crímenes hacia la oscuridad, lejos de Estados Unidos y hacia jurisdicciones de menor reputación donde el secreto permanece.
