Una investigación de OCCRP (Proyecto de Informe de Crimen Organizado y Corrupción) expone los nexos financieros entre la administración de Nicolás Maduro y una camarilla de generales que están detrás de empresas privadas que recibieron lucrativos contratos estatales y otros beneficios. Para algunos analistas, este tipo de retribuciones son un factor clave para asegurar la lealtad al régimen de Maduro, en medio de una situación política y económica que se deteriora.
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Una serie de documentos internos del Ejército Bolivariano fueron el punto de partida del informe. Un equipo de reporteros luego revisó registros empresariales y de propiedad, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. También entrevistaron a varios oficiales con conocimiento sobre empresas relacionadas con generales. OCCRP tuvo además acceso a una copia completa del Registro Nacional de Contratistas (RNC) de 2017, antes de que el gobierno decidiera eliminar buena parte de la información que estaba disponible.
Los documentos revelan por primera vez que, para 2019, Venezuela contaba con 312 generales activos en el Ejército, la rama más poderosa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Casi un tercio de estos altos oficiales están vinculados a empresas que están habilitadas para hacer negocios con el gobierno. De estos, 35 son socios o están en juntas directivas de compañías privadas que aparecen en el RNC. La investigación se centró en este grupo, que OCCRP bautizó como el Club de los 35.
Las ventajas del club
Una mirada más profunda muestra que el estilo de vida de los miembros del Club de los 35 es incompatible con sus sueldos. OCCRP tuvo acceso a nóminas del Ejército Bolivariano, que en Venezuela no son públicas, y muestran que un teniente gana en promedio 6.30 dólares mensuales, mientras que el salario de un general alcanza sólo 8.90 dólares.
Estos bajos salarios, frutos de la debacle económica, crearon un incentivo adicional para que los oficiales completaran sus ingresos con empresas alternas, según explicó Pedro Mendoza, el ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana que ahora está en Colombia.
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“Lo que se percibe hoy en día por nómina, por sueldo básico, no alcanza para nada”, dijo durante la entrevista. “Por eso, los altos oficiales tienen sus negocios en paralelo“.
Uno de los miembros del Club de los 35, el general Hernán Akhnanton Noguera Mejía, es quien concentra el mayor número de contratos estatales: 47. A través de su empresa de catering, la Asociación Cooperativa Andina de Festejos, organizó un asado para 600 funcionarios del Seniat. En un acto de entrega de patrullas y motocicletas a policía regionales en el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, le alquilaron carpas e incluso palmeras para la ceremonia. La empresa fue fundada en 2010, solo un mes después de que lo ascendieran al grado de teniente coronel.
Otro de los miembros del club es el general Jesús Emilio Vásquez Quintero, actual fiscal general de la Fiscalía General Militar, institución que ha sido vinculada a la persecución judicial interna en las Fuerzas Armadas y que incluso, cómo lo han denunciado las ONG de derechos humanos, ha iniciado juicios contra civiles. En 2005 se fundó la Asociación Cooperativa El Tepuy, en la que él y su esposa Tibisay Villalobos aparecen con el 40 % de las acciones (la empresa obtuvo 41 contratos con numerosas instituciones estatales).
OCCRP visitó las cuatro direcciones de la Asociación Cooperativa El Tepuy que figuran en el RNC. En una funcionaba una tienda de repuestos de automóviles, otra correspondía a un edificio residencial, en otra la empresa no figuraba en el directorio del edificio, mientras que en la última la oficina que funciona ahí estaba cerrada y no había signos de que ahí funcionara la empresa.
Según la Constitución y la ley anticorrupción, es ilegal que funcionarios públicos utilicen su cargo en beneficio personal, ya sea directamente o a través de un tercero asociado, como un familiar. Eso incluye capitalizar las conexiones personales para obtener contratos estatales.
Famiempresas
En algunos casos, OCCRP encontró pruebas de que los generales crearon empresas en los mismos sectores económicos en los que se desenvuelven.
En 2011, cuando empezó a trabajar en el palacio presidencial de Miraflores, el general Jesús Rafael Villamizar Gómez se convirtió en secretario y accionista de la empresa de seguridad Asociación Cooperativa Seguridad y Protección Universal 1204. En 2016, lo nombran comandante de la Brigada Especial de Protección y Aseguramiento Presidencial.
Sin embargo, al visitar la sede de la empresa que figura en el RNC, encontraron una residencia privada. El vigilante de la unidad dijo que ahí no opera, ni ha operado, ninguna compañía.
Algunos de los miembros del Club de los 35 incluyeron a familiares en sus empresas para mantener sus negocios en secreto. OCCRP encontró por lo menos cinco generales con parientes en puestos clave en sus compañías. En algunos casos, las esposas de estos altos oficiales tienen sus propias sociedades en el registro de contratistas.
La información sobre las compañías vinculadas a los generales viene del Registro Nacional de Contratistas (RNC), al que las empresas se supone deben afiliarse para obtener contratos con el Estado. Hasta hace tres años, una multitud de datos estaban a disposición del público, incluyendo la dirección de las empresas, la identidad de los accionistas, de los socios y de los miembros de la junta directiva, así como detalles de los contratos públicos de dicha empresa.
Pero en agosto de 2017, el gobierno limitó severamente la información del RNC, y ya no es posible saber qué personas tienen vínculos con las empresas contratistas ni qué contratos han obtenido. De la noche a la mañana, Venezuela se volvió casi tan opaca como una jurisdicción offshore.
