CCD | Un documento, elaborado por un grupo de trabajo creado en junio por una serie de reguladores europeos, alerta sobre las deficiencias en el control del lavado de dinero en la banca europea y en la supervisión de las entidades en este aspecto. El informe fue distribuido esta semana en la Unión Europea (UE) y su destino fue el de los despachos de las autoridades nacionales competentes en los países miembros, de acuerdo con fuentes diplomáticas en Bruselas. La distribución del informe, que señala las carencias de la supervisión, ha coincidido con los últimos incidentes vinculados al quebrantamiento de las normas relacionadas con el blanqueo de capitales. El caso más sonado ha sido la multa de 775 millones de euros aplicada esta semana por la justicia de Holanda al principal banco del país, ING, por haber tolerado el movimiento de recursos ilegales desde una empresa de ropa interior femenina de Curaçao, pasando por un productor de frutas, hasta el pago de comisiones ilegales a la hija del presidente de Uzbekistán por la empresa de telecomunicaciones rusa VimpelCom.
El auto de la fiscalía holandesa es sumamente duro, y la multa no está solo vinculada con el volumen de dinero ilícito canalizado, sino por la alícuota de dinero que el banco no se gastó en supervisar el movimiento de las cuentas de sus clientes. Pero la cuestión va más allá y da sentido a la preocupación de los supervisores.
En su comunicado, ING señala que la multa “refleja la seriedad, extensión y duración de los casos identificados, pero también expresa el hecho que no fue posible determinar hasta qué nivel, y por qué cantidades, las cuentas bancarias de ING en Holanda fueron utilizadas de forma indebida”. La fiscalía reunió prueba pero el banco no es capaz de tener una imagen clara y fiable del volumen de dinero ilegal, o destinado a fines ilegales, que se lavó a través de su red financiera.
Desde luego tampoco lo sabe el supervisor bancario del país. También esta semana se supo que el lavado de dinero en el banco danés Danske Bank ha implicado la canalización de 30.000 millones de dólares de dinero ruso y ex soviético a través de su sucursal en Estonia en un solo año: 2013. La cifra figura en una investigación independiente solicitada por el banco a la consultora Promontory Financial. El dinero estuvo aparcado en cuentas de no residentes en la sucursal estonia hasta 2015.
Los supervisores consideran un verdadero escándalo el hecho porque es “imposible que en una sucursal tan pequeña semejante cantidad de dinero en cuentas de no residentes haya pasado desapercibido para la sede operativa central de la entidad”, de acuerdo con una de las fuentes consultadas. Desde luego los casos de Banca Privada de Andorra (BPA) y su sucursal en España, Banco Madrid, no son ajenas a estos problemas. En diciembre de 2017 la investigación del caso Odebrecht en Brasil y otros países de América Latina desembocó en BPA de Andorra también.
El informe confidencial de los supervisores europeos establece que los recientes acontecimientos son esclarecedores de “las carencias” y las “fisuras” en la forma en la cual las diferentes autoridades nacionales y europeas cooperan para excluir los flujos de dinero ilegal. En casos relativamente recientes la denuncia de los procedimientos ilegales recayó sobre autoridades no europeas, como el caso de BPA-Banco Madrid, y el más reciente del letón ABLV que fueron denunciados por las autoridades estadounidenses aunque su supervisión estaba en manos de los reguladores europeos y en el caso del letón por el Banco Central Europeo (BCE). El informe se basa en información procedente de funcionarios del BCE, de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), y la Comisión Europea. El grupo de trabajo se reunió en junio pasado para explorar las deficiencias detectadas y hacer propuestas para superarlas.
Entretanto el presidente de la EBA, Andrea Enria, se ha mostrado partidario de la constitución de un nuevo cuerpo pan-europeo. Su objetivo sería garantizar que los bancos, y las entidades financieras obligadas a ello, hagan los controles necesarios sobre el origen de los recursos de los clientes y de prevención de lavado de dinero, de acuerdo con lo establecido en la legislación europea. Esta idea también ha recibido el apoyo de Danièle Nouy, la jefa de supervisión bancaria del BCE. En declaraciones a la prensa Enría afirmó que los reguladores bancarios de la UE podrían hacer más con los poderes de que disponen.
De acuerdo con Enria, la capacidad para evitar el dinero ilegal en la UE es equivalente a la resistencia del eslabón más débil en la cadena. Esto se debe a que una vez que ese eslabón haya tolerado la entrada del dinero negro, éste quedará dentro de la UE. “Esto quiere decir que si tienes una autoridad ineficiente, el dinero procedente del crimen puede entrar en la UE y quedarse aquí”, señala.
El informe, remitido esta semana a las autoridades nacionales y al Parlamento Europeo, identifica las debilidades del sistema, incluida la ausencia de claridad legal acerca de como los diferentes tipos de supervisores financieros deben trabajar de forma conjunta. Los acuerdos poco elaborados para garantizar que se comparta la información entre los gobiernos europeos, y una falta de recursos a nivel de la UE para asegurarse que las normas se cumplen de forma adecuada.
De acuerdo con el documento “existen deficiencias respecto de la cooperación y los canales para compartir la información tanto a nivel doméstico entre distintas autoridades como a través de las fronteras con otros estados miembros de la UE”. El documento refleja el hecho de que se ha registrado una transferencia de la capacidad de supervisión sobre el sector financiero a organismos centralizados a escala europea, mientras que la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas de blanqueo de capitales sigue siendo una atribución de los reguladores nacionales.
El documento propone una serie de medidas a debatir para corregir las deficiencias. Dentro de la batería de medidas propuestas, se destaca la de un memorando de entendimiento entre el BCE y los supervisores nacionales de la conducta de las entidades financieras, que establezca como compartir la información. En el largo plazo todo parece apuntar al establecimiento de una autoridad centralizada a escala europea para vigilar la aplicación de las normas sobre blanqueo de capitales.
Fuente: inca.es
