Jesús Ollarves: ¿Quiénes bloquean el Internet en Venezuela?

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Jesús Ollarves

El gobierno venezolano no cesa en su empeño de impedir el acceso a la información de interés público. Luego de haber quebrado a muchos medios de comunicación tradicionales, ahora se propone controlar la circulación de informaciones y opiniones a través de Internet. En verdad, nada nuevo, pues así lo han hecho otros regímenes totalitarios.

Cada vez es más difícil el acceso a los portales informativos de La Patilla, El Nacional, Tal Cual, El Pitazo y Run Runes, porque los sistemas de bloqueo y filtrado de contenidos en Internet controlados por el gobierno cada vez son mayores.

En teoría, porque en Venezuela la práctica es distinta, el acceso universal a Internet requiere que el Estado garantice la calidad e integridad del servicio, protegiéndolo en todos los casos de bloqueos, interferencias o ralentizaciones arbitrarias. Los más comunes son: los ataques de denegación de servicio, los intentos de ingresos múltiples y los bloqueos de dominios.

Los esfuerzos restrictivos se han profundizado desde 2008, cuando Andrés Izarra, para la época ministro de Información y Comunicación, sentenció: “Nuestro socialismo necesita una hegemonía comunicacional y todas las comunicaciones tienen que depender del Estado como bien público”.

La interrupción del acceso a Internet aplicada a poblaciones enteras o a segmentos de la población nunca estará justificada, ni siquiera por razones de seguridad nacional. Así fue reconocido el primero de junio de 2011, en una declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet por el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la relatora especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la relatora especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 

Las medidas de filtrado o bloqueo deben diseñarse y aplicarse de modo tal que impacten, exclusivamente, el contenido reputado ilegítimo, sin afectar otros contenidos; de lo contrario, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. Por eso la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “en casos excepcionales, cuando se está frente a contenidos abiertamente ilícitos o a discursos no resguardados por el derecho a la libertad de expresión (como la propaganda de guerra y la apología del odio que constituya incitación a la violencia, la incitación directa y pública al genocidio, y la pornografía infantil) resulta admisible la adopción de medidas obligatorias de bloqueo y filtrado de contenidos específicos”.

El Estado venezolano es responsable de proteger y respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión. Consecuentemente no debe requerir ni presionar a las entidades privadas para que violen los derechos humanos o interfieran en forma desproporcionada e innecesaria con el derecho a la libertad de expresión.

Las solicitudes que las autoridades gubernamentales hagan respecto del sector privado, sea de interceptación, bloqueo, remoción y monitoreo de contenidos, deben cumplir con los requisitos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente la libertad de expresión. De lo contrario estarían cometiendo una violación de los derechos humanos y un delito.

El Estado no ha demostrado cumplir con la obligación de adoptar medidas tendientes a asegurar que las empresas y organismos privados involucrados en la gestión y administración de la red no pongan barreras desproporcionadas o arbitrarias a dicho acceso. Al contrario, el silencio de los prestadores de servicios de Internet públicos y privados como Cantv, Movilnet, Movistar y Digitel es escandaloso. No han tenido la capacidad, ni la intención de rendirle cuenta al usuario sobre las reglas y protocolos que utilizan para ejercer un control ciudadano de sus políticas de acceso. Esta práctica los hace cómplices de las arbitrariedades del gobierno. Todo indica que contribuyen con el gobierno a bloquear el acceso a Internet en Venezuela.

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