CCD.- Con las revelaciones de los documentos de Panamá todavía frescos en la memoria y la preocupación expresada por Transparencia Internacional en mayo de que el Reino Unido sigue siendo un “lugar privilegiado para esconder riqueza ilícitamente adquirida”, el gobierno del Reino Unido ha demostrado en los últimos meses que una de sus prioridades legislativas será la de combatir la corrupción, la evasión de impuestos corporativos y el uso de los productos del delito.
Un proyecto de Ley Contra Delitos Financieros fue presentado a principios de octubre a la Cámara de los Comunes y se espera que tendrá un impacto práctico significativo para el sector de los servicios financieros.
Los principales cambios son los siguientes:
Importante reforma del sistema de Reporte de Actividad Sospechosa (SAR): Los poderes de la Agencia Nacional del Delito (National Crime Agency) serás ampliados. El período de tiempo que tiene la policía para investigar transacciones sospechosas se extiende de los 31 días hasta un máximo de 186, mediante solicitud presentada ante los tribunales.
Ordenes contra riqueza no justificada: Cuando las autoridades sospechen que, o bien una persona políticamente expuesta (PEP), o una persona sospechosa de haber participado en delitos graves, posee una riqueza mayor a las cien mil libras y no puede explicar el origen de la misma, podrán congelar o confiscar los recursos o la propiedad en cuestión.
Nuevos bienes procedentes de delitos: Las autoridades podrán confiscar nuevas clases de bienes a las contempladas actualmente por las leyes británicas. Se incluyen metales y piedras preciosas, relojes, obras de arte, vouchers y estampillas postales, entre otras, lo cual significa que los delincuentes ya no podrán esconder el dinero en efectivo en bienes que ahora escapan al control de las autoridades.
Intercambio de información: Nuevas disposiciones permitirán el intercambio de datos entre los órganos regulados o sujtos obligados , cuyo propósito es crear un enfoque más integrado en la lucha contra el lavado de dinero.
El Gobierno quiere asegurarse de que el Reino Unido mantendrá su reputación como uno de los mejores lugares del mundo para hacer negocios. El mantenimiento de la integridad del ecosistema en el que se desarrolla la actividad empresarial, incluido el sector de los servicios financieros y garantizar que el país no se convierta en un refugio seguro para el lavado de los fondos mal habido o el apoyo a la actividad terrorista.
Un reciente estudio de TI encontró que en 2015 había más de 36.000 inmuebles en el Reino Unido, que eran propiedad de entidades off-shore cuya fuente de fondos se desconocía o no estaba verificada.
Fuente: The Guardian
