CCD | El 90 por ciento de las extorsiones provienen, por vía de los teléfonos celulares, desde la cárceles, donde, también se cobran rescates por vehículos que se roban o hurtan en las calles de Venezuela, como ocurrió recientemente en la cárcel de El Marite, estado Zulia. Asimismo, se ejecutan secuestros y las llamadas para realizar el cobro. Por la vía de Internet se ubican víctimas a través de facebook, twitter y otras redes sociales. Todos estos hechos motivaron la discusión, en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de limitación de Telefonía Celular y la Internet en el interior de los establecimientos penitenciarios.
El tema fue abordado en el foro Asamblea Nacional y Seguridad Ciudadana: reflexiones y consideraciones, organizado por la asociación civil Paz Activa y la Fundación Hanns Seidel.
Correspondió al panel integrado por los abogados Luis Izquiel, asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, y Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, junto al diputado Gilber Caro, el desarrollo del tema Regulación de comunicaciones en cárceles y retenes.
Luis Izquiel recordó que con el cierre del centro penitenciario La Planta, en Caracas ya no hay cárceles, pero en otras regiones del país, donde sí existen, muchos comerciantes son víctimas de las extorsiones, no solo por vía telefónica, sino a través del terror de los denominados pranes, quienes utilizan a otras personas para llevar mensajes a los comerciantes, donde exigen determinada cantidad de dinero o de lo contrario puede perder hasta la vida.
“Desde la Asamblea Nacional, atendiendo esta realidad, la Comisión de Política interior aprobó en primera discusión, y luego la plenaria, el proyecto de ley, que también contó con el respaldo del oficialismo”. Esta Ley establece la obligación del servicio penitenciario de adquirir equipos bloqueadores o inhibidores de la señal celular y de Internet.
Una vez sancionada la ley, el Ministerio de Asuntos Penitenciario (MAP) tiene un lapso de 6 meses para adquirir estos equipos e instalarlos dentro de los recintos penitenciarios de régimen cerrado.
El proyecto de ley no tiene la intención de incomunicar totalmente a los reclusos, y para respetar sus derechos, el MAP debe solicitar a la Cantv la instalación de teléfonos públicos fijos, para que los presos puedan comunicarse con el exterior, pero se establecerán controles sobre la frecuencia y el tiempo. Estos teléfonos serán programados, para que al inicio de cada llamada se identifique el nombre y la ubicación del recinto penitenciario. Si quien recibe la llamada no tiene nada que ver con el penal, no tiene familiares privados de libertad, puede optar por no atender la llamada.
Luis Izquiel reveló que el proyecto de ley contempla dos nuevos delitos: Uno penaliza la introducción de teléfonos celulares a las cárceles. En caso de que se introduzca y ante la posibilidad de vulnerar la inhibición de la señal, será penalizado quien apague o dañe el bloqueador, con el fin de que algunos reclusos cometan delitos.
Con relación al personal de la cárcel, habrá una excepción para las áreas administrativas de los penales, donde se instalará telefonía fija (no inalámbrica) e Internet. Asimismo para las áreas de formación de la población penitenciaria.
El negocio ilícito de los proyectiles
El diputado Gilber Caro reveló los detalles de la venta de proyectiles en las cárceles, por parte de funcionarios. Un proyectil cuesta 270 bolívares, “más barato que un lápiz, más económico que un cuaderno, pero dentro de una cárcel cuesta 3 mil bolívares”.Sobre esto no existe ningún control de Cavin.
Pero no se venden por unidad, la caja tiene 50 proyectiles, es decir tiene un precio de Bs.150 mil dentro del penal. “El funcionario que los lleva se está ganando 130 mil. Quien pasa 20 cajas, denominadas bulto, obtiene 2 millones 600 mil bolívares. La realidad es que el funcionario público tiene un mercado allí para obtener dinero ilícito, que luego lava (legitima) cuando compra comida”,
“Nuestra propuesta, dice el parlamentario, va más allá de la regulación de los teléfonos, es la regulación del papel moneda”. Asegura que quitándolo a los presos, se acaba este negocio ilícito. Agrega que con la renta petrolera de hoy – a 30 dólares el barril- se puede, con solo el 10 por ciento, mantener en buenas condiciones cincuenta cárceles.
El sistema penitenciario venezolano: un desastre
Para el director la ONG Una Ventana a Libertad, abogado Carlos Nieto Palma, el sistema penitenciario venezolano es un desastre, “yo me atrevería a decir que es uno de los peores del mundo… y el peor del continente americano”.
Argumenta que las cifras que se manejan en Venezuela, no tienen comparación con ningún otro país del continente… en México, Brasil, Argentina y Colombia, con la mayor población penitenciara, hay un estudio de hace dos años que señala que entre esos cuatro países habían muerto por violencia 120 personas, en Venezuela, hace tres años hubo casi 300 personas muertas en las cárceles por violencia en una población de 50mil reclusos.
Precisa que además del problema de las comunicaciones, hay muchos otros: más del 50 por cieno de hacinamiento, reclusos con armas de alto calibre, las cárceles dominadas por los pranes. “las comisarias se han convertido en retenes policiales, centros de reclusión y en las cifras que se están llevando –fala algo – hay aproximadamente 400 espacios en todo el país que funcionan como reciento carcelarios, donde hay entre 20 mil y 25 mil personas. Si lo sumamos a los 50 mil, tenemos 75 mil personas presas. Algunos yo los llamo “hijos de nadie”
Citó la aprobación del Código Orgánico Penitenciario, que establece que todas las personas privadas de libertad, procesados o penado, son competencia de la autoridad encargada del servicio penitenciario, por lo tanto la ministra Iris Varela, no puede escurrir el bulto.
