El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que al menos nueve ciudadanos venezolanos se declararon culpables de integrar una organización dedicada a la trata de personas, el contrabando de migrantes y el lavado de dinero, que operaba una red de explotación sexual en moteles del estado de Tennessee. Con información de EFE.
De acuerdo con las autoridades, la estructura era liderada por Yilibeth Carmen Rivero y su hijo, Kleiver Daniel Mota, quienes, junto con otros integrantes de la organización, reclutaban a mujeres venezolanas en condición de vulnerabilidad con falsas promesas de empleo en Estados Unidos. Una vez que las víctimas ingresaban de forma irregular al país, eran trasladadas a la ciudad de Nashville.
Según los documentos judiciales, las mujeres eran obligadas a ejercer el trabajo sexual bajo el argumento de que debían pagar una supuesta deuda por su traslado. La organización retenía las ganancias obtenidas mediante esa explotación. El DOJ también señaló que Rivero involucró a otros hijos adultos y a las parejas de estos en las operaciones del grupo.
La investigación determinó que los acusados utilizaban amenazas de violencia y armas de fuego para mantener el control sobre las víctimas. Además, hacían creer a las mujeres que Kleiver Daniel Mota pertenecía a una organización criminal carcelaria venezolana y que había estado preso por homicidio en Venezuela, con el objetivo de intimidarlas y evitar que escaparan o denunciaran los hechos.
Los nueve venezolanos enfrentan cargos por conspiración para cometer trata sexual, conspiración para introducir extranjeros en Estados Unidos con fines de lucro financiero y conspiración para cometer lavado de dinero. Estos delitos contemplan penas que podrían alcanzar la cadena perpetua.
Al anunciar las declaraciones de culpabilidad, el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que los responsables obtuvieron beneficios económicos a costa del sufrimiento de personas vulnerables y que este caso refleja el compromiso de las autoridades estadounidenses con la persecución de las redes de trata de personas y el crimen organizado transnacional. La audiencia de sentencia fue programada para la semana del 16 de noviembre.
