Una investigación iniciada a raíz de una orden europea de investigación emitida por las autoridades francesas en octubre de 2024 acabó derivando, diecinueve meses después, en el registro del despacho del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por orden de la Audiencia Nacional. Con información de La Vanguardia.
El origen del caso se sitúa en una pesquisa francesa sobre una presunta trama de lavado de dinero con origen en Venezuela. Según la reconstrucción de los hechos, los investigadores franceses detectaron movimientos de dinero que habrían sido canalizados a través de estructuras societarias offshore. Parte de esas operaciones, según las sospechas iniciales, habrían tenido ramificaciones tanto en Francia como en España.
En el marco de las diligencias solicitadas a las autoridades españolas, la Policía registró inmuebles y despachos de varios investigados. Entre ellos figuraban Felipe Baca y Miguel Palomero. Durante el análisis del material intervenido a Palomero, los agentes localizaron un disco duro denominado “crucial” que contenía conversaciones y documentación de interés para la investigación. Entre los contactos que llamaron la atención de los investigadores figuraba el nombre de Delcy Rodríguez, para el momento vicepresidenta de Venezuela.
La investigación dio un nuevo paso cuando las autoridades francesas trasladaron a España sus sospechas de que parte de los fondos investigados podrían proceder de ayudas públicas concedidas por el Gobierno español, concretamente del rescate de la aerolínea Plus Ultra. La información fue remitida a la Fiscalía Anticorrupción.
Las conversaciones halladas en los dispositivos de Miguel Palomero mostraban intercambios con el empresario venezolano Danilo Diazgranados. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) examinó esas comunicaciones y elaboró un informe entregado en noviembre de 2025.
Aunque las conversaciones en las que aparecía la referencia “ZP” no fueron incorporadas inicialmente a los informes periódicos de la investigación, los investigadores continuaron desarrollando esa línea de trabajo de manera paralela. A partir de entonces, la Fiscalía aceleró las actuaciones y presentó una denuncia con el objetivo de impulsar la causa.
La UDEF comenzó a analizar las relaciones societarias y financieras de los implicados. Los agentes detectaron vínculos entre Miguel Palomero y Rodolfo Reyes, quien entonces era el principal accionista de Plus Ultra. Asimismo, examinaron la actividad de varios empresarios y descubrieron pagos a Análisis Relevante y a Whathefav.
La investigación fiscal resultó determinante. Un informe de la Agencia Tributaria entregado el 30 de diciembre de 2025 concluyó que Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa figuraban como administradoras de Whathefav, mientras que detrás de Análisis Relevante aparecía Julio Martínez Martínez. Los investigadores consideraron que esos datos permitían establecer conexiones con José Luis Rodríguez Zapatero y con personas de su entorno.
El siguiente paso llegó cuando la Fiscalía examinó los resultados de la Agencia Tributaria. Según la documentación analizada, José Luis Rodríguez Zapatero figuraba como perceptor de pagos procedentes de Análisis Relevante por un importe cercano a los 500.000 euros repartidos en cuatro ejercicios fiscales.
Para los investigadores, el conjunto de indicios permitía dibujar un esquema en el que se realizaban pagos a personas vinculadas al expresidente y también a empresas relacionadas con sus hijas. Paralelamente, según la investigación, existían conversaciones en las que se mencionaban supuestos pagos en efectivo a funcionarios y contactos con responsables de Plus Ultra. Sin embargo, los investigadores consideraban que aún no era el momento procesal para dar el siguiente paso.
La situación cambió cuando la jueza Esperanza Collazos decidió reactivar la causa relacionada con Plus Ultra. A mediados de diciembre ordenó la detención de Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, máximos responsables de la aerolínea, así como de Julio Martínez Martínez. Durante esas actuaciones se incautaron teléfonos móviles y diversa documentación.
Además, la investigación incorporó un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Quince días después de su solicitud, el organismo remitió sus conclusiones. Paralelamente, el 16 de febrero la UDEF presentó un nuevo informe en el que ya aparecía por primera vez una referencia expresa a Zapatero como posible influencia dentro de la organización investigada.
La evolución de la causa fue rápida. Un día después de recibir el informe policial, la Fiscalía Anticorrupción presentó un nuevo escrito en el que identificaba la referencia “Z” con José Luis Rodríguez Zapatero y situaba a Julio Martínez como presunta persona interpuesta. La jueza Collazos decidió entonces inhibirse en favor de la Audiencia Nacional mediante una resolución fechada el 23 de febrero.
En ese auto, la magistrada señalaba como investigados, entre otros, al expresidente del Gobierno y a sus dos hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.
Antes de la remisión de la causa a la Audiencia Nacional, la jueza ya había dejado constancia de nuevas líneas de investigación relacionadas con Whathefav. Según la resolución, la empresa había recibido en 2020 pagos por valor de 20.993 euros procedentes de Agropecuaria Lucena, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez.
El documento judicial también recogía que Danilo Diazgranados habría realizado transferencias a Agropecuaria Lucena y a Whathefav. No obstante, el magistrado José Luis Calama, encargado posteriormente del procedimiento en la Audiencia Nacional, no había citado como investigadas a las hijas de Zapatero en ese momento.
Pese a ello, la UDEF consideraba que la empresa que administraban constituía un elemento relevante para la investigación debido a su capacidad para generar facturación específica vinculada al entramado analizado. Por ese motivo, el análisis de la documentación intervenida en Whathefav, así como el examen de correos electrónicos corporativos y de información almacenada en la nube, quedó incorporado como una de las líneas de trabajo consideradas relevantes para el desarrollo futuro del procedimiento.
El 3 de marzo, la Audiencia Nacional asumió formalmente la causa y decretó el secreto de las actuaciones. Tras varios meses de análisis de teléfonos móviles y documentación incautada, los investigadores concluyeron que existían elementos suficientes para sostener que José Luis Rodríguez Zapatero desempeñaba un papel de liderazgo dentro de la red de influencia objeto de investigación.
Finalmente, el 19 de mayo, el juez ordenó el registro de su despacho, culminando una investigación que había comenzado diecinueve meses antes con una referencia aparentemente casual hallada en un teléfono móvil: las iniciales “ZP”.
