Recientemente tuve la oportunidad y el honor de escuchar al profesor Dieter Nohlen, uno de los académicos internacionales más respetados en materia electoral. Sus reflexiones sobre la integridad electoral ayudan a comprender mejor uno de los principales desafíos que enfrenta Venezuela: cómo reconstruir la confianza de los ciudadanos en el voto como instrumento de cambio político.
La pregunta que hoy se hacen millones de venezolanos es sencilla: ¿cómo puede producirse una transición democrática si quienes organizan y administran las elecciones no generan confianza?
La respuesta también es sencilla: no puede.
Durante años, Venezuela ha vivido un acentuado deterioro de las instituciones llamadas a garantizar la voluntad popular. El Consejo Nacional Electoral, que la Constitución concibió como un árbitro independiente, terminó siendo percibido por amplios sectores de la sociedad como un actor más dentro de la confrontación política. Cuando eso ocurre, el voto deja de ser un mecanismo de solución pacífica de los conflictos y se convierte en una nueva fuente de incertidumbre.
Por eso la discusión sobre el CNE no es un asunto técnico reservado a expertos constitucionalistas. Es uno de los temas centrales de la agenda democrática venezolana.
Con frecuencia se pretende reducir la democracia al acto de depositar una papeleta en una urna o presionar una pantalla electrónica. Pero la democracia exige mucho más.
Las elecciones deben ser limpias, transparentes, verificables y competitivas. Los ciudadanos deben tener la certeza de que su voto será respetado y que los resultados reflejan fielmente la voluntad popular.
Eso es precisamente lo que los especialistas llaman integridad electoral.
Cuando los candidatos son inhabilitados arbitrariamente, cuando los partidos políticos son intervenidos, cuando el Estado utiliza recursos públicos para favorecer a una opción política, cuando los medios públicos se convierten en instrumentos de propaganda, cuando la mayoría de los medios privados son expoliados – los que quedan, asediados por la represión -, cuando los resultados no pueden ser verificados de manera independiente, la integridad electoral desaparece.
Y cuando desaparece la integridad electoral, la democracia deja de existir aunque se sigan organizando elecciones.
Esa ha sido, lamentablemente, la experiencia venezolana durante los últimos años.
La situación venezolana no es una simple controversia política. Ha sido examinada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal regional en materia de derechos humanos.
En el caso de Leopoldo López, la Corte estableció hace más de una década que ningún funcionario administrativo puede privar a un ciudadano de sus derechos políticos. Las inhabilitaciones solamente pueden surgir de una sentencia dictada por un juez competente dentro de un proceso penal con todas las garantías.
Sin embargo, Venezuela ignoró esa decisión.
Años después, el mismo mecanismo fue utilizado contra numerosos dirigentes políticos, entre ellos Henrique Capriles y María Corina Machado.
La consecuencia ha sido devastadora para la credibilidad del sistema electoral: millones de venezolanos han visto cómo candidatos con amplio respaldo popular fueron excluidos de la competencia por decisiones administrativas incompatibles con los estándares internacionales.
Más recientemente, la Corte Interamericana volvió a pronunciarse sobre Venezuela al analizar las condiciones en las que se desarrolló el proceso electoral presidencial de 28 de julio de 2024.
Su conclusión fue contundente: la integridad electoral exige transparencia, igualdad de oportunidades para los candidatos, independencia de los órganos electorales, prohibición del uso abusivo de recursos públicos y mecanismos efectivos para denunciar irregularidades.
Precisamente los aspectos que han estado ausentes en Venezuela.
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 marcaron un punto de inflexión.
La negativa del CNE a publicar las actas completas y desagregadas – a pesar de toda la presión nacional e internacional – generó una crisis de confianza sin precedentes. Organismos internacionales, expertos electorales y gobiernos democráticos expresaron serias dudas sobre la transparencia del proceso.
Más allá de las posiciones políticas de cada quien, quedó en evidencia un hecho fundamental: una elección cuyos resultados no pueden ser verificados pierde legitimidad ante la ciudadanía.
Sobran las evidencias del fraude cometido por Nicolás Maduro y sus cómplices al desconocer la victoria contundente de Edmundo González Urrutia, que representó el sentimiento de cambio mayoritario del país. Sin embargo, hace apenas unas horas, el propio González Urrutia ha dado una muestra de desprendimiento y de absoluta lealtad con el país, que lo enaltece históricamente, al exigir la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales para facilitar una ruta pacífica hacia la democracia.
La respuesta pasa necesariamente por la recuperación de las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de la soberanía popular.
Ninguna negociación política será sostenible si no incluye la reconstrucción de un árbitro electoral confiable.
Eso implica que los nuevos rectores del CNE sean designados conforme a la Constitución, mediante acuerdos amplios y transparentes, sin subordinación a intereses partidistas.
Implica también restablecer plenamente los derechos políticos de todos los ciudadanos, incluyendo a los venezolanos que se encuentran en el exterior; garantizar igualdad de condiciones para competir, eliminando las inhabilitaciones y devolviendo los partidos políticos a sus autoridades legítimas; propiciar un acuerdo por consenso para el financiamiento justo y transparente de las campañas electorales; permitir la observación internacional sin restricciones y asegurar que cada voto pueda ser auditado y verificado.
Pero existe otro elemento igualmente importante.
Un CNE independiente necesita un Poder Judicial independiente.
Mientras las controversias electorales continúen siendo decididas por instituciones percibidas como parcializadas, la confianza ciudadana seguirá debilitándose.
Por eso cualquier acuerdo político serio debe abordar simultáneamente la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia.
Ambas instituciones son pilares fundamentales del sistema democrático.
Venezuela enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia contemporánea.
La prolongación de la crisis política, económica y social ha provocado el sufrimiento de millones de ciudadanos y el éxodo de una parte importante de nuestra población.
Pero también ha dejado una lección fundamental: ningún país puede construir estabilidad duradera sin instituciones legítimas.
La recuperación de la democracia pasa por reconstruir la confianza de los venezolanos en el voto.
Y esa confianza solo será posible cuando exista la certeza de que las reglas son iguales para todos, que los candidatos pueden competir libremente, que los resultados son verificables y que el árbitro electoral actúa con absoluta independencia.
La designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y de un nuevo Consejo Nacional Electoral es una condición indispensable para abrir el camino hacia una transición democrática, constitucional y pacífica.
Después de años de confrontación y desconfianza, Venezuela necesita volver a creer en el voto. Sin elecciones creíbles, no habrá democracia posible.
