Las actividades petroleras y gasíferas en Venezuela operan bajo un doble esquema regulatorio: por un lado, las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos e Hidrocarburos Gaseosos del país y, por otro, las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En la práctica, las autorizaciones otorgadas por las autoridades venezolanas no son suficientes para que una empresa mixta pueda operar si no cuenta también con el permiso correspondiente de la OFAC.
Hasta el cierre de 2025 existían 46 empresas mixtas vinculadas a Petróleos de Venezuela (PDVSA), pero solo nueve estaban amparadas por una autorización estadounidense, principalmente gracias a la Licencia General Nº 50B, que beneficia a los proyectos desarrollados por Chevron, ENI, Repsol y Maurel & Prom en asociación con la estatal venezolana. La misma licencia también contempla a Shell y BP, aunque ambas compañías mantienen actualmente su interés centrado en proyectos de gas costa afuera.
Chevron participa en Petro Boscán, Petro Independencia y Petro Piar. Repsol tiene presencia en Petroquiriquiere y Petro Carabobo. ENI desarrolla operaciones en Petro Sucre, Petro Güiria y Petro Junín, mientras que la francesa Maurel & Prom participa en Petro Regional del Lago.
En contraste, once empresas mixtas no tendrían posibilidad de obtener autorización de la OFAC debido a que sus socios internacionales pertenecen a países como China, Rusia o Cuba. Entre ellas figuran Petro Sinovenezolana, Petro Perijá, Boquerón, Petrolera Paria, Petro Miranda, Petro Urica, Sinovensa, Petro Monagas, Petro Victoria, Petro Zumano y Petrolera Venagocupet.
Asimismo, las empresas extranjeras que han suscrito contratos de participación productiva (CPP) con PDVSA no aparecen entre las autorizadas por la OFAC. El resto de los socios de la estatal venezolana debe gestionar licencias o permisos específicos ante el organismo estadounidense para poder operar sin exponerse a restricciones o sanciones derivadas de las medidas vigentes.
