Héctor Rusthenford Guerrero Flores – Niño Guerrero – fue presentado durante años como el jefe del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela que, a través de los flujos migratorios que se produjeron en nuestro país, logró una cierta expansión internacional.
Su muerte y la forma como se realizó, representa sin duda un golpe significativo para la estructura criminal que ayudó a construir. Sin embargo, también ofrece una oportunidad para reflexionar con mayor serenidad sobre un fenómeno que con frecuencia ha sido analizado desde la simplificación política y mediática.
No existe duda sobre la peligrosidad del Tren de Aragua. Las investigaciones desarrolladas en distintos países lo vinculan con delitos tan graves como extorsión, trata de personas, explotación sexual, secuestro, homicidio, narcotráfico, contrabando, minería ilegal y tráfico de armas. Tampoco existe duda de que la organización logró establecer unas redes criminales – tipo franquicia – más allá de las fronteras venezolanas.
Pero reconocer esa realidad no obliga a aceptar sin cuestionamientos todas las narrativas construidas con alguna exageración alrededor de ella.
Durante los últimos años, el Tren de Aragua fue convertido en una especie de símbolo continental del crimen transnacional. En algunos discursos políticos llegó a presentarse como una organización omnipresente, capaz de explicar por sí sola problemas tan diversos como la inseguridad urbana, la migración irregular o el tráfico de drogas en distintos países, en especial en EEUU.
Esa visión merece ser examinada críticamente.
La historia del crimen organizado demuestra que existen estructuras criminales mucho más antiguas, poderosas y sofisticadas que el Tren de Aragua. En México operan organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, con enormes recursos financieros, presencia internacional consolidada y capacidad logística incomparablemente superior. En Colombia persisten redes derivadas del narcotráfico y grupos armados con décadas de experiencia criminal. Incluso en Estados Unidos existen complejas redes de distribución, lavado de dinero y comercialización – integradas mayoritariamente por ciudadanos estadounidenses – sin las cuales el narcotráfico internacional simplemente no podría funcionar.
Por ello, resulta legítimo preguntarse si en determinados contextos se ha exagerado la dimensión del Tren de Aragua para convertirlo en un enemigo perfecto: extranjero, fácilmente identificable y políticamente útil.
La figura del enemigo externo suele ofrecer ventajas discursivas. Permite simplificar problemas complejos, justificar determinadas políticas públicas y desplazar la atención de responsabilidades internas. Sin embargo, las organizaciones criminales transnacionales nunca operan en el vacío. Requieren colaboradores locales, redes financieras, estructuras de lavado de dinero, funcionarios corruptos, empresas fachada y socios nacionales que faciliten sus actividades. Sus operaciones se realizan de manera flexible, mezclando lo lícito con lo ilícito, como hemos señalado en artículos anteriores y en los libros Estado Delincuente y El Gran Saqueo.
La experiencia internacional confirma esta realidad una y otra vez.
La cárcel de Tocorón, convertida durante años en el centro de operaciones de Niño Guerrero, constituye quizás el mejor ejemplo. No se trataba simplemente de una prisión dominada por delincuentes. Era una estructura criminal que funcionó durante años con niveles extraordinarios de autonomía. La pregunta que sigue sin respuesta es cómo pudo sostenerse un sistema de esa magnitud sin complicidades institucionales, políticas o económicas. El delito autorizado.
Esa misma pregunta puede formularse en cada país donde el Tren de Aragua logró establecer operaciones.
¿Quién facilitó documentos falsos? ¿Quién abrió cuentas bancarias? ¿Quién lavó dinero? ¿Quién proporcionó inmuebles, transporte, protección o información? ¿Quién permitió que las ganancias ilícitas ingresaran a los circuitos formales de la economía?
Las respuestas rara vez apuntan exclusivamente a extranjeros.
En este contexto resulta particularmente pertinente la reflexión del periodista mexicano Jesús Esquivel en su libro Los cárteles gringos. Su tesis desafía algunas de las explicaciones más cómodas sobre el narcotráfico. Esquivel sostiene que los grandes mercados criminales no sobreviven únicamente gracias a los grupos visibles que producen o transportan drogas. También dependen de redes invisibles que operan dentro de Estados Unidos: distribuidores, operadores financieros, empresas de fachada y estructuras económicas que facilitan el negocio.
La reciente crisis del fentanilo en EEUU ilustra perfectamente esa complejidad. Ninguna organización criminal extranjera podría introducir y distribuir cantidades masivas de esta sustancia sin la participación de redes locales capaces de comercializarla, mover dinero, ocultar ganancias y garantizar la continuidad del mercado. El fenómeno trasciende las fronteras nacionales y exige comprender la existencia de cadenas criminales globales donde intervienen múltiples actores.
La misma lógica puede aplicarse al Tren de Aragua.
Su crecimiento no puede explicarse únicamente por la capacidad de sus jefes o por la violencia de sus integrantes. También debe analizarse a partir de los ecosistemas criminales, financieros e institucionales que hicieron posible su expansión.
Por eso, la muerte de Niño Guerrero no debería interpretarse como el final del problema. La experiencia internacional demuestra que las organizaciones criminales suelen adaptarse, fragmentarse o reorganizarse después de la caída de sus principales líderes. Ocurrió con los cárteles colombianos tras la muerte de Pablo Escobar. Ocurrió con numerosas organizaciones mexicanas después de la captura o eliminación de sus jefes. Y probablemente ocurrirá con el Tren de Aragua y con cualquiera de los otros “trenes” que operan en Venezuela, como el Tren del Llano y sus diversas ramificaciones que se mezclan con grupos irregulares colombianos y brasileños.
La verdadera cuestión no es únicamente quién reemplazará a Niño Guerrero.
La cuestión de fondo es si los Estados serán capaces de enfrentar las redes de corrupción, lavado de dinero y complicidad institucional que amplían la capacidad delictiva de estas organizaciones.
Para lograrlo resulta indispensable fortalecer la cooperación internacional. Ningún país puede combatir por sí solo estructuras criminales que se desplazan a través de múltiples jurisdicciones, aprovechan vacíos legales, utilizan sistemas financieros globalizados y operan sin respetar fronteras. La coordinación policial, judicial, financiera y de inteligencia debe convertirse en una prioridad regional.
La lucha contra el crimen organizado exige abandonar tanto la negación del problema como las exageraciones interesadas. El Tren de Aragua es una organización criminal real y peligrosa. Sus delitos han causado un enorme sufrimiento a miles de víctimas en distintos países, sobre todo en Venezuela. Pero también es cierto que su imagen ha sido utilizada en ocasiones para construir narrativas simplificadoras que oscurecen la complejidad del fenómeno criminal contemporáneo.
La muerte de Niño Guerrero puede marcar el final de un liderazgo nefasto, pero no necesariamente el final de la estructura que lo sostuvo.
Y mientras las sociedades continúen buscando únicamente enemigos visibles sin enfrentar las complicidades invisibles que los hacen posibles, nuevos nombres ocuparán su lugar y nuevas organizaciones surgirán para aprovechar los mismos espacios de impunidad.
El crimen organizado del siglo XXI no respeta soberanías ni conoce fronteras, por ello, la respuesta efectiva para enfrentarlo debe realizarse a través de la máxima cooperación internacional. No hay países víctimas y países victimarios. Todos somos víctimas.
