La administración de Donald Trump enfrenta crecientes cuestionamientos por la falta de transparencia en el manejo de los ingresos generados por las exportaciones petroleras venezolanas desde la salida de Nicolás Maduro del poder el pasado 3 de enero. Con información de Council on Foreign Relations (CFR).
Según un análisis publicado por el Council on Foreign Relations (CFR), cerca de 100 millones de barriles de petróleo venezolano, valorados en aproximadamente 8.000 millones de dólares, fueron comercializados durante los primeros cuatro meses del nuevo esquema de control impulsado por Washington. Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha divulgado información detallada sobre cuánto dinero ha recaudado, cuánto ha sido transferido a Venezuela ni cuánto permanece bajo su administración.
El informe señala que las exportaciones crecieron de manera acelerada entre enero y abril. Mientras en enero las ventas representaban unos 600 millones de dólares y alrededor de 380.000 barriles diarios, en abril alcanzaron aproximadamente 3.700 millones de dólares y superaron los 1,1 millones de barriles por día. Estados Unidos recibió el 43% de esos cargamentos, seguido por India con 26% y España con 8%.
Aunque funcionarios estadounidenses han ofrecido cifras parciales ante el Congreso, persisten importantes vacíos sobre el sistema utilizado para administrar los recursos. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que inicialmente unos 500 millones de dólares fueron canalizados a través de una cuenta en Qatar, mientras que posteriormente los ingresos comenzaron a depositarse en cuentas bajo custodia del Departamento del Tesoro. No obstante, hasta ahora no se ha publicado ninguna auditoría ni un informe detallado sobre el uso de esos fondos.
El artículo también cuestiona la ausencia de acuerdos públicos que regulen la venta del petróleo venezolano y la participación de empresas comercializadoras como Trafigura, Vitol y GE Warren. Además, advierte que el mismo mecanismo estaría siendo utilizado para administrar ingresos provenientes de exportaciones de oro y otros minerales venezolanos.
El CFR sostiene que la falta de rendición de cuentas ocurre mientras la presidenta interina Delcy Rodríguez mantiene el control político interno y obtiene beneficios como el reconocimiento diplomático y el alivio parcial de sanciones. Ante este escenario, legisladores estadounidenses han solicitado auditorías independientes para determinar cómo se administran los recursos y si existe un plan que vincule el manejo de esos fondos con avances concretos hacia una transición democrática en Venezuela.
