La investigación sobre el caso Plus Ultra continúa revelando nuevos detalles sobre las actividades de algunos de los empresarios y directivos vinculados a la aerolínea. De acuerdo con una publicación de El Confidencial, las autoridades francesas detectaron una operación destinada a eliminar contenidos periodísticos que vinculaban a varios integrantes de la trama con presuntas actividades de lavado de dinero. Las comunicaciones analizadas forman parte de una investigación internacional que involucra a empresarios, intermediarios financieros y personas relacionadas con el entorno del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
Según la documentación incorporada al expediente, el empresario peruano Luis Felipe Baca Arbulu habría coordinado una estrategia para limpiar la reputación digital de miembros de la red. Las conversaciones interceptadas indican que se comprometieron al menos 69.000 dólares para eliminar publicaciones consideradas perjudiciales, además de otros 29.000 dólares que permanecían pendientes de pago, elevando el monto total de la operación a aproximadamente 98.000 dólares.
La alarma dentro del grupo se habría producido después de que entidades financieras sometieran a revisión los antecedentes de algunos de los implicados como parte de sus procedimientos de cumplimiento normativo. En una de las conversaciones citadas por los investigadores, Baca Arbulu informó a su socio Simón Leendert Verhoeven que un banco con sede en las Islas Mauricio estaba examinando información disponible en internet antes de decidir la apertura de una cuenta bancaria. Ante esta situación, la red habría activado mecanismos para eliminar referencias negativas relacionadas con investigaciones por presunto lavado de dinero.
Entre las publicaciones que buscaban retirar figuraban artículos que exponían los vínculos de accionistas de Plus Ultra con entidades financieras del Caribe investigadas por presuntas operaciones relacionadas con fondos procedentes de Venezuela. Una de las informaciones mencionadas en la investigación señalaba a Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Bórquez Tarff, miembros del consejo de administración de la aerolínea, quienes habrían sido objeto de interés por parte de autoridades estadounidenses debido a sospechas sobre movimientos de capital asociados a estructuras financieras bajo investigación.
Según la información citada por El Confidencial, las pesquisas estadounidenses examinaban además la relación de estos empresarios con entidades financieras ubicadas en Puerto Rico, República Dominicana y Dominica, presuntamente utilizadas para canalizar fondos hacia distintos destinos internacionales. Los investigadores también analizaron inversiones realizadas en Plus Ultra que, según las sospechas recogidas en el expediente, podrían estar relacionadas con recursos de origen presuntamente ilícito.
La investigación incorpora igualmente información procedente de una comisión rogatoria remitida por las autoridades suizas a España. De acuerdo con el medio español, esa documentación otorgó relevancia a la figura de Alex Saab dentro de las pesquisas que dieron origen al caso, al examinar posibles conexiones entre estructuras financieras investigadas por presunto blanqueo de capitales y empresarios vinculados al entorno venezolano.
El rol central de Rodolfo Reyes y los otros nombres detrás del caso Plus Ultra
Las comunicaciones intervenidas también reflejan la preocupación de otros accionistas y directivos de la compañía por el impacto de las publicaciones periodísticas. Entre ellas figura un intercambio atribuido a Rodolfo Reyes y al entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en el que se comentaba la necesidad de mantener la calma frente a las informaciones difundidas por la prensa y buscar fórmulas para contrarrestar sus efectos.
Más allá de la estrategia para eliminar contenidos de internet, el análisis de teléfonos y dispositivos electrónicos permitió a los investigadores detectar conversaciones sobre el supuesto uso de sociedades pantalla, testaferros y estructuras corporativas utilizadas para mover fondos y ocultar la identidad de los beneficiarios finales de diversas operaciones financieras. Las autoridades consideran que estos hallazgos aportan indicios sobre la existencia de una red internacional con capacidad para movilizar recursos a través de distintas jurisdicciones.
Las evidencias obtenidas por las autoridades francesas y suizas fueron determinantes para impulsar nuevas diligencias en España después de que una causa relacionada con el rescate de la aerolínea fuera archivada inicialmente. La información recopilada permitió a la Fiscalía Anticorrupción solicitar la reapertura de las investigaciones para profundizar en las posibles conexiones financieras detectadas.
Actualmente, la causa es instruida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien investiga una presunta red de tráfico de influencias y posibles operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al rescate público de Plus Ultra durante la pandemia. La investigación también examina las relaciones entre algunos de los implicados y altos niveles políticos y empresariales tanto en España como en Venezuela.
