La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) enfrenta cuestionamientos tras revelarse que, durante varias investigaciones realizadas entre 2023 y 2025 en Nuevo México, permitió que importantes cargamentos de pastillas de fentanilo continuaran su recorrido hacia el mercado ilegal con el objetivo de identificar y procesar a estructuras de narcotráfico de mayor alcance. Con información de AP.
De acuerdo con testimonios de agentes actuales y retirados, así como documentos revisados por medios estadounidenses, las autoridades siguieron de cerca diversas operaciones de distribución de fentanilo sin intervenir de inmediato. La estrategia buscaba obtener información adicional, identificar a los responsables de niveles superiores dentro de las redes criminales y reunir pruebas para casos federales de mayor impacto.
Las revelaciones han generado preocupación debido a que el fentanilo es considerado una de las drogas más letales que circulan actualmente en Estados Unidos. Algunos agentes sostienen que permitir que estas sustancias lleguen a las calles pudo incrementar los riesgos para comunidades afectadas por la crisis de sobredosis, especialmente en Nuevo México, uno de los estados más golpeados por la epidemia.
Entre los casos documentados figura una operación realizada en Albuquerque en 2023, en la que los investigadores observaron la entrega de decenas de miles de pastillas vinculadas a una red de tráfico sin proceder a su incautación inmediata. Según los registros, las autoridades continuaron monitoreando la organización durante meses antes de ejecutar arrestos y decomisos posteriores.
La DEA defendió sus actuaciones y afirmó que las decisiones adoptadas fueron legales y consistentes con las directrices vigentes del Departamento de Justicia. La agencia aseguró que las investigaciones incluyeron vigilancia en tiempo real, interceptaciones autorizadas judicialmente y otras herramientas destinadas a desmantelar organizaciones de narcotráfico de gran escala.
El debate también ha reavivado la discusión sobre los protocolos federales para el manejo de cargamentos de fentanilo. Documentos internos del Departamento de Justicia establecieron inicialmente que las autoridades debían impedir la distribución de esta sustancia tan pronto como fuera posible, aunque modificaciones posteriores otorgaron mayor margen de discreción a los investigadores para evaluar los riesgos y beneficios de mantener abiertas determinadas operaciones.
Las denuncias fueron impulsadas principalmente por el agente especial David Howell, quien presentó quejas formales como denunciante ante organismos federales. Howell sostiene que algunas decisiones permitieron que cantidades significativas de fentanilo llegaran a las calles mientras se desarrollaban investigaciones de largo plazo. Sin embargo, revisiones internas del Departamento de Justicia concluyeron que las actuaciones examinadas fueron razonables y no representaron un peligro específico para la salud pública.
El caso ha generado comparaciones con operaciones federales controvertidas del pasado y ha abierto un nuevo debate sobre los límites de las estrategias encubiertas utilizadas para combatir organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas en Estados Unidos.
