La inteligencia artificial se consolida como uno de los pilares de la transformación digital de los gobiernos, pero su rápida expansión avanza más rápido que la capacidad institucional para supervisarla. Así lo señala el informe OECD Digital Government Outlook 2026, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que analiza el progreso digital de 36 países miembros y ocho naciones candidatas a integrarse al organismo. Con información de Observatorio Blockchain.
El estudio revela una marcada diferencia entre los países respecto a la regulación de la IA en la administración pública. Mientras el 53% de los gobiernos ha establecido normas obligatorias que exigen transparencia algorítmica, auditorías y mecanismos de rendición de cuentas, un 40% continúa dependiendo únicamente de recomendaciones éticas y lineamientos voluntarios sin respaldo legal.
La OCDE advierte que esta brecha regulatoria podría convertirse en uno de los principales desafíos institucionales de los próximos años. El uso creciente de algoritmos para apoyar decisiones públicas, automatizar procesos administrativos y desplegar herramientas de inteligencia artificial generativa exige controles más sólidos para garantizar la protección de los derechos ciudadanos y evitar prácticas opacas.
El informe destaca que la inteligencia artificial ya dejó de ser una tecnología experimental para convertirse en una infraestructura crítica utilizada en múltiples áreas gubernamentales, incluyendo la detección de fraude fiscal, la optimización de servicios sanitarios y la atención automatizada al ciudadano. En este contexto, la madurez digital de los Estados ya no se mide únicamente por la digitalización de trámites, sino por su capacidad para integrar tecnologías avanzadas de manera segura y eficiente.
Entre las principales debilidades identificadas figura la escasa realización de auditorías posteriores a la implementación de sistemas de IA. Aunque los gobiernos suelen evaluar previamente las inversiones tecnológicas, rara vez verifican posteriormente si los sistemas cumplen las metas prometidas en términos de eficiencia, ahorro de costos o mejora de servicios. Según la OCDE, esta ausencia de evaluación limita la capacidad de medir el verdadero retorno de la inversión y puede favorecer la permanencia de plataformas costosas o poco efectivas.
El documento también señala que la transparencia continúa siendo una de las áreas más rezagadas de la transformación digital. La falta de información pública sobre los algoritmos utilizados por las administraciones dificulta conocer cómo se toman determinadas decisiones que afectan directamente a los ciudadanos. Asimismo, subraya la necesidad de fortalecer la calidad e interoperabilidad de los datos públicos, elemento fundamental para el correcto funcionamiento de los sistemas de IA.
Como parte de sus recomendaciones, la OCDE insta a los gobiernos a sustituir los marcos voluntarios por regulaciones vinculantes que establezcan obligaciones claras en materia de transparencia y supervisión algorítmica. También propone institucionalizar auditorías financieras y operativas posteriores a la implementación de sistemas de IA, así como ampliar el acceso seguro a datos públicos que permitan desarrollar herramientas tecnológicas con impacto social positivo.
Para la organización, la inteligencia artificial ya forma parte del núcleo de la gobernanza moderna. Sin mecanismos efectivos de control, transparencia y evaluación, advierte el informe, los beneficios potenciales de esta tecnología podrían verse opacados por riesgos que afecten la confianza pública, la eficiencia del gasto y la calidad de los servicios estatales.
