El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), publicó la Licencia General No. 58, una medida que autoriza de forma limitada la prestación de servicios legales, financieros y de consultoría al Gobierno de Venezuela y a PDVSA para avanzar en trabajos preparatorios relacionados con una eventual reestructuración de deuda.
La licencia permite que firmas estadounidenses e internacionales, incluyendo bufetes, bancos de inversión y consultoras, participen en la evaluación de la deuda venezolana, el desarrollo de escenarios de reestructuración y la elaboración de propuestas y materiales técnicos. Sin embargo, la autorización no contempla negociaciones directas con acreedores ni acuerdos definitivos sobre pagos o reestructuración.
La OFAC también mantuvo restricciones sobre operaciones financieras vinculadas al proceso. La licencia prohíbe pagos mediante oro, petro, criptoactivos emitidos por Venezuela o mecanismos de intercambio de deuda. Además, excluye operaciones relacionadas con actores vinculados a Rusia, Irán, China, Cuba, Corea del Norte y personas sancionadas bajo la lista SDN, salvo excepciones específicas relacionadas con PDVSA.
Entre las condiciones impuestas, Washington exige que los contratos asociados a estos servicios sean reportados ante autoridades estadounidenses en un plazo de 10 días hábiles.
La medida representa un paso técnico y controlado dentro de la política de flexibilización gradual aplicada por Estados Unidos en 2026. Aunque permite que Venezuela prepare el terreno para una eventual reorganización financiera, las sanciones continúan bloqueando cualquier negociación definitiva o movimiento relacionado con activos protegidos como Citgo.
La licencia también refleja el interés de Washington en mantener supervisión sobre cualquier proceso de reestructuración futura, evitando que actores como China o Rusia ganen influencia en el manejo de la deuda venezolana, mientras mantiene condicionado cualquier avance a cambios políticos y mayores garantías de gobernabilidad y transparencia.
