México escaló en 2025 al segundo lugar mundial como destino de transferencias vinculadas a fraudes en internet, consolidándose como uno de los principales nodos internacionales para la circulación de fondos ilícitos captados mediante estafas digitales. El dato, recogido en el Internet Crime Report 2025 del FBI, refleja la creciente presión sobre el sistema bancario nacional y sobre los mecanismos de prevención de lavado de dinero, en un entorno donde el fraude de inversión, el phishing y las criptomonedas ganan cada vez más terreno. Con información de Internet Crime Report 2025 (IC3), FBI.
De acuerdo con el informe, México recibió 1.782 transferencias procedentes de víctimas de estafadores, solo por debajo de Hong Kong, que registró 1.858 operaciones. El salto es significativo frente a 2024, cuando el país ocupó el tercer lugar global con 1.498 movimientos. El avance de México en esta clasificación lo ubica por encima de economías asiáticas históricamente señaladas por su papel en circuitos financieros opacos, lo que enciende alertas tanto en el sector bancario como en las unidades de inteligencia financiera.
El FBI advierte que buena parte de estas operaciones está ligada a redes transnacionales de ciberdelincuencia que utilizan cuentas bancarias mexicanas para triangular recursos antes de integrarlos a circuitos legales. Entre las modalidades más frecuentes destacan el fraude de inversión —especialmente en activos digitales—, el fraude por correo empresarial (BEC), la extorsión digital y el phishing, un esquema de ingeniería social cada vez más sofisticado que busca obtener credenciales, datos sensibles o autorizaciones de pago.
El impacto económico global del fenómeno ya alcanza niveles récord. Las pérdidas por ciberdelitos superaron los USD 20.800 millones en 2025, con un crecimiento interanual de 26%, mientras que el fraude de inversión volvió a posicionarse como el principal motor del daño financiero. Para México, esto implica una doble exposición: además de servir como destino de transferencias sospechosas, también aparece entre los países con mayor número de víctimas directas.
Esa presión también se refleja en el volumen de denuncias. Durante 2025, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI registró 1.654 quejas originadas en México, casi 500 más que el año previo. Con ello, el país se ubicó en el puesto 11 entre 200 jurisdicciones analizadas, solo detrás de Brasil en América Latina.
El reporte subraya que el auge de intercambios de criptomonedas, la velocidad de las transferencias internacionales y las debilidades regulatorias en algunos canales digitales han ampliado la superficie de riesgo para usuarios, bancos y plataformas fintech. En paralelo, las autoridades estadounidenses reforzaron la cooperación con FinCEN y otras redes de rastreo financiero, logrando congelar cerca de USD 171.9 millones en 2025, una señal de la magnitud que ya alcanzó este mercado criminal.
La conclusión del FBI es contundente: México ya no solo figura como país afectado por fraudes digitales, sino como pieza estratégica dentro del mapa global del lavado de dinero derivado del cibercrimen. La combinación de alta bancarización, conectividad internacional y crecimiento del ecosistema fintech ha convertido al país en un punto crítico donde convergen víctimas, operadores financieros y estructuras criminales que evolucionan al ritmo de la tecnología.
