Un supervisor de la oficina de la Drug Enforcement Administration en la República Dominicana fue arrestado como parte de una investigación federal sobre el presunto abuso de un programa estadounidense de visas destinado a informantes confidenciales, confirmaron a The Associated Press un funcionario en ejercicio y un exfuncionario de Estados Unidos con conocimiento directo del caso.
El detenido fue identificado como Melitón Cordero, cuya aprehensión se produjo en el marco de una investigación liderada por el Department of Homeland Security. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a que el proceso sigue en curso. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre los cargos ni sobre el alcance exacto de las presuntas irregularidades. Tampoco hubo respuesta inmediata de la DEA ni del DHS a solicitudes de comentarios, y los mensajes dirigidos al teléfono del funcionario arrestado no fueron contestados.
El arresto se conoce días después de que la administración de Donald Trump ordenara el cierre abrupto de la oficina de la DEA en la nación caribeña, una medida justificada públicamente como respuesta a lo que calificó de una “violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública”. Más temprano ese mismo día, la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah F. Campos, anunció el cierre de la oficina hasta nuevo aviso, sin detallar inicialmente los motivos.
En un mensaje difundido en la red social X, Campos afirmó que no toleraría “ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada”, subrayando que el uso del cargo oficial para beneficio propio constituye una falta grave. Desde el gobierno dominicano, el canciller Roberto Álvarez aclaró que la decisión no guarda relación con las autoridades locales y que responde exclusivamente a una investigación interna de Estados Unidos.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio un programa sensible del sistema estadounidense de justicia. Cada año, agencias como la DEA y el FBI patrocinan la entrada a Estados Unidos de cientos de extranjeros que, por sus antecedentes criminales, serían normalmente inadmisibles. Estas personas reciben visas especiales a cambio de colaborar como informantes y, en muchos casos, terminan obteniendo la residencia permanente.
Las vulnerabilidades del programa ya habían sido señaladas. Un informe de 2019 de un organismo de control del Departamento de Justicia concluyó que las fuerzas del orden habían perdido el rastro de hasta 1.000 personas beneficiadas, lo que representaba riesgos para la seguridad pública y nacional, dado el historial delictivo de muchos de los patrocinados.
La República Dominicana ocupa un lugar estratégico como zona de tránsito de narcóticos procedentes de América del Sur, lo que ha llevado históricamente a una estrecha cooperación entre sus fuerzas de seguridad y las agencias estadounidenses. De hecho, a finales de noviembre, el presidente Luis Abinader autorizó formalmente a Estados Unidos a operar en áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas, como parte de los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico.
