El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está involucrado en una compleja maniobra diplomática y judicial que involucra la deportación de líderes de la pandilla MS‑13 desde Estados Unidos a su país. Una investigación publicada por The New York Times revela que el acuerdo fue promovido por la administración Trump como parte de su política de mano dura contra el crimen y la inmigración, pero ha encendido alarmas entre fiscales, exfuncionarios estadounidenses y defensores de derechos humanos por sus implicaciones legales y políticas.
Según el reportaje, al menos dos importantes acusaciones federales contra cabecillas de la MS‑13 han sido desestimadas por razones de “seguridad nacional”, a solicitud del Departamento de Justicia. Los detenidos fueron enviados a El Salvador, bajo custodia del gobierno de Bukele, que se comprometió a encerrarlos en la prisión de máxima seguridad construida para estos fines. Sin embargo, detrás de la decisión habría motivaciones menos transparentes.
El pacto contemplaba que El Salvador recibiera a más de 200 migrantes, incluidos varios líderes de pandillas. A cambio, Estados Unidos destinó millones de dólares en asistencia al país centroamericano. El interés del gobierno de Bukele, según fuentes citadas por el Times, incluía el regreso de ciertos miembros clave de la MS‑13 que podrían tener información comprometedora sobre supuestos acuerdos pasados con su administración.
Investigaciones previas del Tesoro de EE. UU. y de la fuerza especial Vulcan ya habían documentado indicios de contactos entre funcionarios del gobierno salvadoreño y altos mandos de la MS‑13. Se mencionan beneficios otorgados a los pandilleros a cambio de reducir la violencia y garantizar apoyo político. Uno de los principales señalados fue Osiris Luna, director del sistema penitenciario salvadoreño y figura cercana a Bukele.
El retiro de cargos federales contra los cabecillas, algunos de los cuales habían sido detenidos tras años de operaciones encubiertas y cooperación internacional, debilitó investigaciones que buscaban desarticular la estructura transnacional de la MS‑13 desde Estados Unidos. Algunos fiscales advirtieron que el acuerdo socava la posibilidad de juzgar a los responsables de crímenes cometidos en suelo estadounidense.
Además, el traslado de los detenidos a El Salvador ha generado dudas sobre las garantías procesales y la transparencia del sistema judicial salvadoreño, en un contexto en el que el gobierno de Bukele ha sido acusado de socavar la independencia de las instituciones y de reprimir a periodistas y fiscales que investigaban sus vínculos con pandillas.
Bukele ha negado reiteradamente que exista o haya existido un pacto con la MS‑13. También ha desestimado como “mentiras evidentes” las investigaciones de medios como El Faro o las sanciones impuestas por EE. UU. a sus colaboradores más cercanos. Hasta ahora, el gobierno salvadoreño no ha respondido oficialmente a los señalamientos derivados del nuevo acuerdo con la administración Trump.
Por su parte, voceros de la Casa Blanca han defendido el convenio, asegurando que los criminales están siendo enviados “al lugar más seguro posible: una cárcel salvadoreña de máxima seguridad”. No obstante, algunos abogados defensores han advertido que los acusados podrían ser silenciados o incluso “desaparecidos” si regresan a El Salvador, debido a la información que poseen.
El reportaje también destaca que, desde 2022, el gobierno de Bukele ha desmantelado unidades de investigación en su país, cerrado espacios de prensa crítica y mantenido un régimen de excepción con detenciones masivas. Aunque estas medidas han reducido los homicidios, han sido cuestionadas por organismos internacionales por violar garantías básicas.
Mientras tanto, el acuerdo con Estados Unidos avanza sin claridad sobre cuántos líderes de la MS‑13 han sido o serán deportados, ni sobre las condiciones de su detención y eventual enjuiciamiento.
