Argentina refuerza la lucha contra el crimen organizado con foco en la recuperación de activos

El Ministerio de Seguridad de Argentina instruyó a las fuerzas federales a iniciar investigaciones patrimoniales desde el comienzo de las causas penales por crimen organizado, con el objetivo de identificar y recuperar activos ilícitos. La medida busca debilitar el poder financiero de las organizaciones criminales y responde a recomendaciones del GAFI y compromisos internacionales

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Foto/Archivo

En un giro estratégico clave para debilitar el poder económico del crimen organizado, el Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina emitió una nueva directriz que ordena a las fuerzas federales a impulsar investigaciones patrimoniales desde el inicio de cada causa penal vinculada a actividades ilícitas. La medida, formalizada mediante la Resolución 777/2025, busca identificar y facilitar la recuperación de bienes adquiridos mediante delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Con información de Infobae.

La titular del Ministerio, Patricia Bullrich, instruyó a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal a adoptar este enfoque proactivo y simultáneo a la investigación penal tradicional. La iniciativa responde a la necesidad de atacar no solo a los responsables individuales de estos delitos, sino también a la estructura financiera que los sostiene.

El objetivo central es claro: seguir la ruta del dinero desde el primer momento y avanzar hacia el decomiso de activos ilícitos, debilitando así el músculo económico de las organizaciones criminales. Las fuerzas deberán remitir informes mensuales a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, encabezada por Martín Verrier, detallando la cantidad de investigaciones patrimoniales iniciadas y sus resultados.

La resolución se apoya en tratados internacionales suscritos por Argentina —como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción— así como en recomendaciones recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que advirtió sobre la debilidad de los Estados al no aplicar este tipo de enfoques desde etapas tempranas.

Con esta medida, el Estado argentino apunta a fortalecer sus capacidades para incautar y recuperar activos ilegales, enviar un mensaje claro de intolerancia frente al crimen organizado y construir un modelo de seguridad más eficaz, en el que se entienda que golpear las finanzas criminales es tan importante como detener a sus líderes.

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