Tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena contra Cristina Kirchner, el Gobierno argentino redobló su ofensiva contra exfuncionarios vinculados a causas de corrupción. Esta vez, el Ministerio de Capital Humano y la ANSES presentaron una demanda conjunta para exigir que el exvicepresidente Amado Boudou devuelva los 236.066.031,25 pesos cobrados en concepto de jubilación de privilegio, más su actualización correspondiente. Con información de la Unión.
La medida se sustenta en la condena firme que pesa sobre Boudou, hallado culpable por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, por los que fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según informó la ANSES, el beneficio fue revocado en noviembre de 2023 al considerar que la jubilación vitalicia que percibía Boudou —reservada para quienes se han desempeñado con honor, mérito y eficacia en altos cargos— no corresponde a un funcionario condenado por delitos contra la administración pública.
La presentación oficial argumenta que mantener este tipo de asignaciones en casos como el de Boudou “constituye un acto de ilegitimidad y nulidad absoluta” y que atenta contra los principios básicos del sistema republicano y democrático establecidos en la Constitución Nacional.
El exvicepresidente interpuso un recurso de reconsideración, pero la administración de Javier Milei insiste en que debe restituir todos los montos cobrados hasta la fecha de la revocatoria, con sus respectivos intereses, “a fin de restablecer el imperio de la juridicidad al erario público”.
El caso se convierte en un nuevo símbolo del debate sobre el uso indebido de recursos estatales por parte de funcionarios condenados y refuerza el mensaje de que los beneficios especiales no pueden sostenerse cuando se ha quebrantado la confianza pública.
