La frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Cúcuta y Ocaña, se ha consolidado como un eje estratégico para el lavado de activos que termina inyectando dinero ilícito a la economía venezolana. Expertos consultados por #LaHoraDeVenezuela aseguran que estas ciudades funcionan como puntos clave para el contrabando de efectivo, el uso de criptomonedas y la manipulación del sistema financiero, con el fin de trasladar capitales hacia el país vecino, que permanece bajo un régimen de control cambiario y sanciones internacionales. Con información de Conectas.
“El rol de Cúcuta, de Ocaña y del Catatumbo es, sobre todo, el de un mecanismo de lavado para, llamémoslo así, el contrabando de efectivo, el tránsito y el movimiento de dinero hacia Venezuela, donde la economía está dolarizada”, explicó un especialista en crimen financiero. Las organizaciones criminales utilizan estas zonas para mover fondos producto del narcotráfico, la corrupción y los pagos paralelos por petróleo, aprovechando la falta de controles efectivos y la alta informalidad en la región. El dinero es transportado en efectivo, mediante transacciones electrónicas fragmentadas conocidas como “pitufeo” o a través de operaciones con criptoactivos.
Desde 2020, se ha documentado un aumento significativo en el uso de criptomonedas en Cúcuta, con más de 100 establecimientos que las aceptan como medio de pago. Estas monedas digitales no solo representan una válvula de escape frente a la inestabilidad monetaria, sino también una vía para realizar operaciones fuera del radar institucional. Una parte importante de los fondos blanqueados en Colombia termina siendo monetizada en Venezuela, donde el uso del dólar en efectivo ha sustituido en buena medida al bolívar como mecanismo de intercambio. Ante las restricciones impuestas por el sistema Swift para transacciones internacionales desde Venezuela, los delincuentes prefieren operar desde el lado colombiano de la frontera.
Además de las criptomonedas, las casas de cambio y el uso de tarjetas de débito internacionales forman parte de las tácticas empleadas para el lavado. Desde países como Rusia, Turquía, Grecia o Uruguay, se envían tarjetas a Colombia que son utilizadas en cajeros automáticos para retirar grandes cantidades en pesos colombianos. Luego, ese dinero se cambia a dólares y es llevado a Venezuela, muchas veces sin levantar sospechas. El fenómeno no es nuevo. Durante los años del control cambiario impuesto por CADIVI y luego por CENCOEX, redes de “pitufos” cruzaban la frontera para acceder a dólares preferenciales, alimentando un mercado negro que, hoy día, ha mutado pero no desaparecido.
El impacto de estas operaciones se refleja no solo en la economía venezolana, que se convierte en receptora de capitales de origen ilícito, sino también en el aumento de la violencia y la desigualdad en las ciudades fronterizas. Mientras algunos sectores de Cúcuta y Ocaña muestran signos de opulencia y crecimiento inmobiliario, buena parte de la población vive bajo amenaza de extorsión, secuestros y ataques de grupos criminales vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero, como el Tren de Aragua. La DEA, la Interpol y la Policía Nacional colombiana han desplegado equipos especiales para investigar estos delitos, pero la frontera sigue siendo un terreno fértil para el crimen organizado.
El reto para ambos países —y para la comunidad internacional— es desmontar los circuitos financieros que permiten este flujo ilícito de recursos. Para Venezuela, la entrada de dólares provenientes del lavado distorsiona aún más su economía, alimenta redes de corrupción y fortalece a estructuras criminales que operan con impunidad. Y mientras no se controle ese flujo desde el lado colombiano, el lavado de activos seguirá siendo una amenaza transnacional que deteriora las instituciones y perpetúa la criminalidad a ambos lados de la frontera.
