En 1977, Estados Unidos promulgó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), un hito normativo que nació como respuesta al informe de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) al Congreso, donde se reveló que al menos 400 compañías estadounidenses habían pagado más de 300 millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros. La FCPA prohíbe a personas naturales y jurídicas de ese país ofrecer, autorizar o realizar pagos indebidos a funcionarios extranjeros para obtener ventajas en los negocios. Desde entonces, esta legislación se ha convertido en una herramienta clave en la lucha contra la corrupción a escala global. Con información del Instituto de Democracia y DDHH de Perú.
Sin embargo, esa histórica línea de acción se vio interrumpida el 10 de febrero de 2025, cuando el gobierno de Donald Trump emitió una orden ejecutiva que suspendió las funciones de la Fiscalía encargada de aplicar la FCPA por un período de 180 días (Sullivan & Cromwell LLP, 2025). Si bien la norma no fue derogada, su suspensión temporal representa un cambio de postura significativo en la política exterior de Estados Unidos sobre el combate al soborno transnacional.
La pausa en la implementación de la FCPA transmite un mensaje preocupante respecto al compromiso del país en investigar a empresas estadounidenses que incurren en prácticas corruptas en el extranjero. De hecho, entre 1979 y 2024, la SEC abrió 99 investigaciones por presuntos casos de sobornos en América Latina, y en 56 de ellos se confirmó el pago ilegal de más de 5.758 millones de dólares en sobornos en la región¹.
Uno de los casos más notorios que fue investigado bajo la FCPA es el del llamado “Cartel de las imprentas” en Perú. La empresa estadounidense Quad/Graphics, a través de su filial en el país andino, participó junto a otras compañías en prácticas colusorias para adjudicarse contratos con el Ministerio de Educación (MINEDU) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Según la SEC, entre 2011 y 2016, la subsidiaria peruana pagó más de un millón de dólares en sobornos para obtener beneficios económicos superiores a los $4,4 millones, y más de $160.000 adicionales para evitar sanciones contractuales, lo que le generó otros $970.000 en ganancias injustas. La empresa fue sancionada con un pago total de $9.895.334 (SEC, 2019).
Otro caso emblemático impulsado por la FCPA es el de la constructora brasileña Odebrecht, investigada desde 2015 por el Departamento de Justicia estadounidense. La compañía admitió haber pagado $788 millones en sobornos en varios países de América Latina, lo que le permitió obtener contratos por más de $3.336 millones. Como resultado de la investigación, fue sancionada con una multa que superó los $3.632 millones³.
Aunque la decisión de Trump no sorprende, considerando su historial de políticas contrarias a los estándares democráticos previos, resulta alarmante en tanto promueve una lógica transaccional en la que se privilegian los intereses económicos inmediatos sobre principios éticos fundamentales. En su comunicado oficial, la Casa Blanca argumentó que la FCPA obstaculiza la competitividad de las empresas estadounidenses y representa una amenaza a la seguridad nacional (The White House, 2025).
Lo más preocupante es el silencio de los gobiernos latinoamericanos frente a esta medida, especialmente en países como Perú, donde la aplicación de esta ley ha sido crucial para desentrañar redes de corrupción. Esta pasividad podría estar motivada por una estrategia de complacencia hacia Washington, a cambio de la omisión deliberada de críticas sobre las crisis internas de derechos humanos y corrupción en la región.
La suspensión temporal de la FCPA pone en riesgo décadas de avances en la transparencia global, socava el papel de Estados Unidos como actor anticorrupción y deja a América Latina más expuesta a la impunidad empresarial transnacional.