Un cargamento de oro venezolano, valorado en casi cuatro millones de dólares, quedó atrapado en una red de contrabando internacional que conecta a mafias locales del sur del país con estructuras financieras globales. El episodio, ocurrido en mayo de 2019, salió a la luz tras una extensa investigación del portal Armando Info, que logró acceder al expediente judicial del caso en Islas Caimán.
Todo comenzó cuando cuatro ciudadanos venezolanos aterrizaron en Gran Caimán a bordo de la avioneta YV2317, declarando únicamente el oro visible, pero ocultando 135.000 dólares en efectivo entre los paneles interiores del avión. Este hallazgo desencadenó una investigación que no solo los relacionó con el tráfico ilegal de oro, sino que reveló conexiones con figuras conocidas en el mundo del contrabando de minerales preciosos.
Uno de los involucrados era Daniel Aguilar Feriozzi, quien se presentó como propietario del oro por motivos de herencia. Sin embargo, en su teléfono fue hallada una fotografía junto a Marco Antonio Flores Moreno, identificado como uno de los grandes capos del oro ilegal en el estado Bolívar y vinculado a operaciones previas como Manos de Metal en Venezuela y Hespérides en Brasil. A pesar de su historial, en 2022 recibió del régimen de Nicolás Maduro una concesión para operar una estación de gasolina en Santa Elena de Uairén.
La ruta del oro incluyó escalas en Margarita y Punta Cana antes de llegar a Islas Caimán, y su destino final era Suiza. Según los registros, dos semanas antes del decomiso, Flores ya había llegado al mismo aeropuerto con otra carga de lingotes, valorada en más de dos millones de dólares. En ambos vuelos hubo discrepancias entre lo declarado y lo transportado, lo que alertó a las autoridades.
Los registros señalan que el oro, tras ser declarado a nombre de la empresa curazoleña Cupremeco, iba a ser recibido por la refinería suiza Argor-Heraeus a través de la intermediaria PMS (Precious Metals Services), en la ciudad de Lugano. Pero las facturas omitían el origen del mineral: Venezuela. De acuerdo con la OCDE, solo el 20% del oro que sale del país lo hace por vías legales. El resto se desplaza gracias a redes de contrabando que operan con la complicidad de autoridades locales y grupos irregulares.
Cupremeco pertenece al empresario italiano Mario Pataro, vinculado desde los años 90 al lavado de dinero del Cartel de Cali. Entre 2017 y 2019, la empresa habría transferido al menos 45 millones de dólares a firmas registradas en Estados Unidos como Moonlight Investments, USA D&D International y Dazzling Eagle Holdings, todas con vínculos a Marco Flores. Parte de esos fondos fueron transferidos desde Suiza a cuentas del Bank of America en Miami.
Al llegar a Londres en junio de 2019, el oro fue confiscado por las autoridades británicas, que lo relacionaron con carteles del narcotráfico sudamericano. Años más tarde, el 80% del tesoro fue recuperado por el Estado británico y el resto devuelto a empresas con supuestos “intereses financieros”, entre ellas Daguiron S.A. (Panamá) y las tres firmas estadounidenses asociadas a Flores.
El caso deja al descubierto cómo el oro de sangre venezolano logra cruzar fronteras, disfrazado de legalidad y amparado por una red de empresas de papel, testaferros y operadores internacionales. Mientras las comunidades indígenas sufren explotación y violencia en la Amazonía venezolana, los responsables de estas redes siguen operando con total impunidad.
Este reportaje se basa en una investigación publicada originalmente por Armando Info. Para conocer todos los detalles, consulte el reportaje completo en su página web.
